Una nueva ley obliga a realizar más inspecciones contra la sobreocupación La directora general de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda de la Generalitat, Núria Pedrals, aseguró ayer que «nadie sacará» de sus viviendas a las familias inmigrantes que vivan en condiciones de sobreocupación, sino que la Generalitat detectará cada caso y acogerá «en la medida de lo posible» a estas personas para reubicarlas en otros pisos.

Pedrals explicó los cambios que prevé el anteproyecto de decreto sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas – que está a punto de ver la luz y que se encuentra en fase de exposición pública – , como la obligación de la Administración de aprobar programas de inspección para evitar que las viviendas sean sobreocupadas.

Según la nueva normativa, los mínimos para que un inmueble pueda ser utilizado como vivienda son que «debe ser apto para la ocupación de dos personas, y constar, como mínimo, de un comedor, baño, cocina, un equipo de lavar la ropa y prever una solución para su secado natural, además de poseer una superficie útil no inferior a 40 metros cuadrados» (ahora son 30).

Aun así, para todos aquellos inmuebles construidos antes del nuevo decreto la normativa fija como la superficie mínima habitable 20 metros cuadrados. Para acoger a los habitantes de las viviendas sobreocupadas o infraviviendas, la Ley del Derecho a la Vivienda dicta que las administraciones públicas «deben prever medidas adecuadas para estas circunstancias en la medida que puedan y que lo permitan los recursos disponibles».

Pedrals destacó, en una entrevista a Europa Press, la «dificultad» de multar a los propietarios que permitan la sobreocupación de sus viviendas, ya que es una situación «delicada», porque si se sanciona «con severidad» esta práctica, «nadie querrá alquilar sus inmuebles a las familias con dificultades».

La ley de vivienda prevé sanciones de hasta 900.000 euros por el incumplimiento de la función social de la vivienda, como en los casos de alquilar o ceder pisos sin cédula de habitabilidad, que no cumplan las condiciones básicas de seguridad y explotar económicamente infraviviendas, entre otros.

Ante la situación, Pedrals manifestó que los ayuntamientos están elaborando un «programa de urgencia» para dimensionar las zonas susceptibles de poseer infravivienda y sobreocupación para proceder a realizar inspecciones y aplicar las medidas pertinentes. Estas medidas servirán para que la Administración evalúe «la magnitud» de las viviendas sobreocupadas o pisos patera y poder diseñar políticas de construcción de vivienda protegida de acuerdo con la gente necesitada que se detecte que está «malviviendo».