Es una evidencia. Los pisos pateras son una lacra. Lo son para quien, por circunstancias de la vida, se ve obligado a vivir en ellos. Lo son, también, para los vecinos que viven junto a una vivienda de estas características porque acostumbra a ser fuente continuada de problemas para toda la comunidad. Por ambas razones es evidente que la Administración debe tomar las oportunas medidas para combatirlos y lograr erradicarlos, así como también para perseguir a aquellos que se lucran con ellos. Pero, de igual manera, la Administración debe actuar con cautela y cuidado a la hora de intentar frenar la proliferación de estos pisos patera, sobre todo, si entre las medidas que pretende adoptar está la de realojar a aquellas personas que, seguramente en contra de su voluntad, no tienen otro remedio que vivir en ellos. ¿Cómo los realojarán? ¿Dónde? ¿Con qué fondos? Y, sobre todo, ¿qué tipo de agravios comparativos puede crear esta política de la Administración en un momento en que el acceso a al vivienda es uno de los mayores problemas para muchos ciudadanos que dejan medio suelo, o más, en abonar el importe del alquiler o de la hipoteca?

La directora general de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda de Generalitat, Núria Pedrals, ha apuntado la posibilidad de realojar a las personas que deban desalojar de las viviendas sobreocupadas que sean detectadas por la Administración.De momento, no ha dado más detalles sobre cómo lo hará, pero seguramente no se le escapa que, habitualmente, quien los ocupa es el inmigrante sin papeles. En ese caso, no se trataría de realojar sino de devolverlos a sus países.