lA coalición conservadora gobernante en Italia ha introducido una enmienda en el decreto ley sobre seguridad aprobado por el Gobierno, que contempla a las prostitutas como “sujetos peligrosos para la seguridad y la moralidad” y establece que podrán ser expulsadas a sus lugares de residencia o países de origen.

La enmienda ha sido introducida por los senadores conservadores Filippo Berselli y Carlo Vizzini y prevé que las prostitutas sean incluidas en el mismo grupo que los vagabundos, los traficantes y vendedores de drogas, los delincuentes habituales, los proxenetas, los explotadores de menores y otros tipos considerados “personas peligrosas para la seguridad y la moral”.

La enmienda ha levantado ya una fuerte polémica y ha dividido a la clase política italiana.

El ministro de Justicia, Angelino Alfano, afirmó desde Luxemburgo que comparte el “principio” de la medida y que ya se evaluará como ponerla en práctica. Pero su compañera de partido (el conservador PDL) Isabella Bertolini aboga por lanzar una “ofensiva” contra la prostitución que se desarrolla en calles y plazas de las ciudades y en carreteras de todo el país.

Sin embargo, para Marina Sereni, del Partido Demócrata, la medida no supone ninguna solución, sino que es más bien una “fachada”, una propaganda gubernamental, porque lo hay que hacer es llegar “hasta el fondo de la cadena”, en el que incluyó a los proxenetas y los traficantes de blancas.

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Luca Palamar, dijo que el objetivo del legislador debe ser localizar a los proxenetas, y en las filas de los conservadores, la diputada Alessandra Mussolini, se mostró “perpleja” por la enmienda y dijo que “lo que hay que afrontar de verdad es luchar contra los proxenetas y la violencia hacia las mujeres”.

En Italia, según datos de las Organizaciones Internacionales de las Migraciones (IOM) citadas por los medios locales, existen 70.000 prostitutas, de las que el 94 por ciento son extranjeras, el 20 por ciento menores y el 30 por ciento transexuales. Los clientes son 9,5 millones, de ellos el 70% hombres casados, siempre según la IOM, que precisa que la prostitución genera 90 millones de euros al mes.

Según datos de Cáritas, las prostitutas extranjeras son 22.000, provenientes de 60 países.

Los jueces y la inmigración En otro frente social que también está en plena tormenta, el de la inmigración y su control, el presidente de los jueces Luca Palamara expresó ayer el desacuerdo de este colectivo con la propuesta planteada por el Ejecutivo de tipificar como delito la inmigración ilegal.

Durante la apertura del 29º congreso de esta asociación, Palmara advirtió de que la propuesta incluida dentro del paquete de medidas de seguridad impulsado por el Gobierno de Silvio Berlusconi comportaría “gravísimas disfunciones para el sistema judicial y carcelario” italianos.

Palamara explicó que para los juzgados del sur del país, los más expuestos al fenómeno de las entradas ilegales, sería “prácticamente imposible” celebrar cada día “centenares” de audiencias de personas acusadas de inmigración clandestina a través del rito rápido, según se establece en el proyecto de ley.

La ANM también expresó su disconformidad con el hecho de que la condición de inmigrante ilegal suponga un agravante a la hora de juzgar un delito.

El proyecto de ley contempla que quien entre en Italia de manera ilegal puede ser condenado a una pena de entre seis meses y cuatro años de cárcel, que sería aumentada en un tercio si además el inmigrante irregular ha cometido un delito.

La ANM considera que el aumento de pena basado en la condición de ilegal “determinaría una incompatibilidad con el principio de igualdad”. Ante estas observaciones, el ministro de Defensa italiano, Angelino Alfano, responde que el delito de inmigración clandestina “existe en numerosas legislaciones occidentales y no ha creado problemas”.

Aunque el Gobierno ha aprobado la introducción del delito de inmigración clandestina, el mismo Berlusconi ha expresados sus dudas sobre su viabilidad. Se necesitarían muchos magistrados y prisiones.

La enmienda, que ha levantado polémica, las mete en el mismo saco que a los traficantes de drogas o proxenetas

El 94% de las rameras son extranjeras y se calcula que tienen 9,5 millones de clientes, el 70% hombres casados