Los ministros del Interior de la UE han aprobado un proyecto de ley que establece reglas comunes para la expulsión de los inmigrantes sin papales a sus países de origen. El proyecto tiene que ser revalidad por el Parlamento Europeo que se reunirá en sesión plena5ria del 16 al 19 de junio en Estrasburgo.

El proyecto nace de una controversia que se ha prolongado durante tres años y que ahora ha sido puesta en discusión tras la decisión del gobierno Berlusconi de convertir en delincuentes a los inmigrantes ilegales.

La “directiva del retorno” es un conjunto de reglas mínimas que puedan ser compartidas por los 27 países miembros de la Unión. Las autoridades estatales podrán regularizar a los inmigrantes ilegales o bien expulsarlos. La redacción es sutil. La expulsión de un inmigrante sin papeles recibe el nombre de “alejamiento” que deberá ser ejecutado de forma voluntaria por parte del interesado.

Pero si se produce resistencia podrá ser expulsado a la obligatoriamente. También se contempla la posibilidad de detener a los ilegales por un periodo máximo de un año y medio. Los primeros seis meses pueden prolongarse en el caso de que el país de origen rechace repatriar a uno de sus emigrantes.

El proyecto fija también que en los próximos cinco años del “alejamiento” los repatriados no podrán entrar en territorio comunitario. Los niños podrán también ser detenidos pero por un periodo “lo más breve posible”. Será obligatorio dar asistencia jurídica a los inmigrantes ilegales que sean invitados a repatriarse.

El presidente Sarkozy, que presidirá la UE a partir del primero de julio, quiere resolver la situación de los inmigrantes ilegales con un pacto sobre la inmigración del que este proyecto sería una de las primeras iniciativas.

¿Qué quieren que les diga? Lo primero es que nadie puede estar en situación irregular en la Unión. Pero me temo que las medidas avanzadas en este proyecto pueden convertirse en una garantía jurídica para cometer abusos que vayan en contra de la dignidad de las personas.

Lo que ha ocurrido con cientos de italianos de la comunidad gitana en Italia es inquietante. La opinión pública ha asociado la existencia de los gitanos en territorio italiano con la delincuencia. Sería muy negativo para Europa si lo que ha prometido hacer Berlusconi con los inmigrantes y con los gitanos.

Esta política va en contra de los principios básicos de la Unión entre los que hay que destacar el deber de los gobiernos para promover igualdad, ofrecer garantías jurídicas a todos, permitir la libertad de movimiento y proteger a las minorías.

Soy de la opinión que no puede entrar todo el que quiera en la UE. Una política de cuotas es lo más prudente. Pero expulsar a cientos de miles de personas que se encuentran viviendo entre nosotros es tan difícil como imposible. La crisis económica puede acelerar políticas expeditivas.

Pero si han sido los inmigrantes quienes han contribuido al crecimiento económico de los últimos años, sería injusto expulsarlos sin más, con escasas garantías jurídicas, porque ahora no son necesarios y estorban.

Europa ha sido posible por la dimensión ética y humanista de las políticas comunitarias. No había necesidad, por ejemplo, de ampliar la Unión a 27 miembros. Pero se ha hecho y, de momento, no ha planteado excesivos problemas.

Cualquier política que se adopte respecto a los cientos de miles de inmigrantes ilegales tiene que tener en cuenta que no son “los sobrantes humanos” de sociedades más o menos acomodadas. Son personas que deben tratarse como tales.

Si se empieza por los gitanos, se sigue con los sin papeles, luego se pondrán pegas a los rumanos y búlgaros, más tarde se volverán a cerrar las fronteras interiores. Se puede dar paso a un populismo barato que puede perjudicar seriamente la dimensión humanista de Europa.