“Necesitamos que vayas a traducir del yugoslavo a los juzgados de Barcelona”. Al oír el encargo, Boris Matijas intentó explicar a la responsable de la empresa de traducciones KM Al-Arabi que el “yugoslavo” no existe. Ella insistía en que ésa era la nacionalidad del acusado. Después, ya ante el juez, Matijas descubrió que se trataba de un albanés de Kosovo y, por tanto, iba a ser difícil que se entendieran. El juicio no se suspendió y el detenido acabó declarando en su precario español. El traductor fallido y la empresa Al-Arabi cobraron por su asistencia.

Matijas vivió múltiples “situaciones surrealistas”, como ser convocado repetidamente para traducir del rumano, el búlgaro y el eslovaco, idiomas que desconocía, mientras trabajó para KM Al-Arabi. Junto a Seprotec, esta empresa acaba de ganar el concurso convocado por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya para gestionar el servicio de traducciones e interpretaciones en Barcelona.

También la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid confía la interpretación de idiomas a Seprotec desde enero de 2007. Interior lo hizo el pasado 1 de mayo y desde ese mismo día tuvo problemas con dos traductores enviados a Barajas a petición de la Policía Nacional. Uno de ellos se presentó con documentación falsa y el otro tenía antecedentes policiales, tal como denuncia CCOO.

Uno de sus portavoces, César Pérez, también critica que se enviase a un supuesto traductor paquistaní para atender a un ciudadano brasileño en portugués. “Es difícil entender que el Ministerio del Interior no cuente con un solo traductor profesional de portugués al que enviar a Barajas después de los problemas que ha habido entre Brasil y España por el tema de los turistas retenidos en el aeropuerto”.

Intérprete analfabeta
Malas prácticas parecidas han sido denunciadas por la Asociación de Traductores e Intérpretes de Girona, que ha elevado una queja al Síndic de Greuges. Precisamente en Girona, el abogado José Ramírez ha presenciado cómo un juicio tuvo que suspenderse porque la intérprete era analfabeta. Otra vez, vio como mandaban a un juicio a “un traductor de ruso que no tenía ni idea del idioma y se tuvo que prorrogar la detención del acusado”. Con estas deficiencias se vulneran derechos fundamentales. Víctimas y acusados extranjeros pueden ver que sus declaraciones se retrasan, se malinterpretan e incluso se manipulan. Como muestra, César Pérez recuerda el caso de un traductor que, a cambio de dinero, ofrecía a inmigrantes subsaharianos la posibilidad de decir que eran de un país distinto al suyo para que pudieransolicitar asilo.

Gabriel Pérez Castillo, responsable de Justicia en CSIT Unión Profesional, critica esta falta de profesionalidad y dice que es habitual en los juzgados de la Comunidad de Madrid. “Todo por reducir costes. Si antes los intérpretes cobraban 60 euros la hora, ahora la Consejería paga 45 a Seprotec y esta empresa sólo le paga 10 a sus empleados. Por ese precio, muy pocos son profesionales. Son gente que trabaja de camarero o en una tienda y que redondea sus ingresos con traducciones esporádicas”. Así no se salvaguarda la garantía procesal de los acusados y eso es fundamental en una democracia, denuncia Pérez Castillo.

Al conocer los problemas surgidos con los traductores de Seprotec en Barajas, fuentes de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid confirmaron a Público que han pedido a esta empresa un informe para aclarar la situación. Alegan que han contratado los servicios de Seprotec “porque es la única empresa que se presenta al concurso público” y aseguran que no han recibido quejas “ni de jueces ni de clientes”.

El representante de CSIT desmiente que no haya habido protestas. “Nosotros las hemos ido registrando en la oficina Civitas y han tenido que ser trasladadas a la Subdirección de Personal”, afirmaPérez Castillo.