El Consejo de Justicia e Interior de la UE dio ayer su visto bueno a la proyectada directiva de retorno, a través de la cual los países miembros de la UE pretenden armonizar el trato a los inmigrantes ‘sin papeles’ en la Europa comunitaria.

El paso del proyecto de Directiva por el Consejo tuvo carácter de mero trámite. La víspera, los Representantes permanentes, reunidos en Coreper, habían conseguido desbrozar las últimas suspicacias de algunos Estados miembros sobre la gratuidad de la ayuda jurídica que deberán recibir las personas detectadas en condición irregular. A pesar de que el pasado día 22 el Coreper parecía haber alcanzado un acuerdo sobre el conjunto de la propuesta, este tema concreto de la asistencia jurídica gratuita había despertado recelos en los interlocutores de la Eurocámara con el Consejo.

Por ello, el miércoles, el Coreper tuvo que buscar una nueva fórmula de acuerdo. La escogida, a la que los ministros concedían finalmente su beneplácito ayer, estipula que los ciudadanos de países terceros que carezcan de recursos para pagarse la ayuda jurídica que su situación demande, «deberán» obtener esa ayuda gratuitamente «en la medida en que lo permitan las legislaciones nacionales».

Se trata, esta, de una formulación como mínimo cínica, porque el derecho a la asistencia jurídica obligatoria, que subyace en el sentido del verbo «deber», queda neutralizado por las «prácticas nacionales» al uso, y hay Estados miembros que no garantizan la gratuidad de la asistencia letrada en estas circunstancias, o la limitan mucho. Alemania, Austria, Grecia y Lituania eran los socios comunitarios más opuestos a garantizar la gratuidad de la asistencia jurídica, temerosos de las consecuencias que semejante garantía podría tener en sus respectivas cuentas nacionales.

El Parlamento por su parte, reclama que este pretendido derecho de los inmigrantes ilegales se asimile al que se aplica a los demandantes de asilo. La clave del acuerdo la proporcionó la Comisión europea, al anunciar que habilitará fondos para atender las demandas nacionales que se susciten en este ámbito.

El asunto pasa ahora, por tanto, al Parlamento europeo, que lo abordará a mediados de mes. Se da por segura un resultado difícil, dada la división de los grupos parlamentarios sobre la propuesta. El debate está abierto entre aquellos que consideran este proyecto de norma poco menos que un disparate profundamente contrario a los derechos humanos más elementales y quienes por contra, como es el caso del vicepresidente de la Comisión, Jacques Barrot, piensan que a través de ella se establecen unos mínimos armonizados en el conjunto de los países de la UE, que son más favorables para los ‘sin papeles’ que lo que existe en buena parte de los Estados miembros.