C. MORCILLO

MADRID. Pocas veces una directiva europea ha suscitado tantas críticas, que no han bastado para frenar lo que será una realidad de aquí a dos años. Hace tres semanas, algunas de las ONG con trayectorias antiguas en el apoyo a los inmigrantes hicieron público un comunicado contra la ampliación del plazo de internamiento, anunciada por el ministro Rubalcaba y prevista en el programa electoral del PSOE, sin concreciones.

«La medida legitima la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito. El Gobierno español y la Unión Europea se proponen en nombre del control de la inmigración retroceder todavía más en el cumplimiento de los derechos de los inmigrantes », rezaba el comunicado. Las organizaciones recordaban que los centros de internamiento (CIE) han sido repetidamente denunciados por el incumplimiento de sus condiciones de salubridad y falta de transparencia, de criterios claros de regulación de funcionamiento y de información. Aportaron, además, un informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento europeo de marzo pasado, tras la visita a cinco de los nueve centros de internamiento, considerados por la comisión como de «carácter penitenciario» y sin ningún control externo. «Las condiciones son las más deplorables de toda la Unión Europea», dijeron.

Al ministro le quita el sueño

No queda otro remedio que creerles, dado que el acceso a estos centros está absolutamente prohibido. Se da la paradoja de que la prensa puede entrar en una cárcel con autorización, pero es imposible hacerlo en un CIE. La razón es «humanitaria», según el ministro del Interior, «la misma por la que no se informa de los vuelos de repatriación para no menoscabar los derechos de esas personas». Rubalcaba ha confesado públicamente que le quita el sueño cada vez que se fleta un vuelo de «sin papeles».

Mientras llega la aplicación de la directiva, ya está trabajando una comisión de expertos de Trabajo e Interior para fijar los plazos y las condiciones en las que se reformará el internamiento de inmigrantes , paso previo a una modificación de la Ley de Extranjería que será endurecida, según los anuncios reiterados. El Gobierno no ha previsto, de momento, un aumento de plazas en los centros de internamiento, claramente insuficientes si los tiempos se agrandan demasiado.

A día de hoy España cuenta con 3.500 plazas de internamiento para extranjeros, «centros – prisión» según denuncian las ONG, repartidas en nueve puntos: Madrid, Barcelona, Málaga, Algeciras, Murcia, Valencia, Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura. El Ejecutivo quiere construir un centro nuevo en Lanzarote pero no consigue terrenos, dada la resistencia de los vecinos.

El Consejo General de la Abogacía también ha puesto el grito en el cielo. «El internamiento es una medida cautelar, según la doctrina del Tribunal Constitucional, y como tal debe ser por el tiempo imprescindible y proporcional a la gravedad de los hechos». Las ONG ya han anunciado movilizaciones contra la directiva.