Después de tres años de discusiones, los ministros del Interior de la Unión Europea aprobaron ayer por unanimidad la directiva de retorno, la nueva ley europea para reforzar la lucha contra los sin papeles, que permitirá su expulsión del territorio comunitario.
Para ser adoptada de forma definitiva, el Parlamento Europeo, que tiene derecho de codecisión, tendrá que pronunciarse el 18 de junio. La presidencia eslovena se mostró ayer confiada en lograr el aval de los eurodiputados y advirtió de que, de lo contrario, la norma podría quedar bloqueada durante años.
“Todos los votos van a ser importantes, pero estoy convencido de que el compromiso será aceptable para todas las partes”, indicó el esloveno Dragutin Mate, presidente de turno del Consejo de Ministros de Justicia e Interior. Mate explicó que, en la última negociación con la Eurocámara, el pasado miércoles, todos los ponentes pertenecientes a diferentes grupos parlamentarios, dieron su apoyo. Las posiciones dentro de los grupos no están, sin embargo, tan claras y algunos, como los socialistas, están divididos. Los liberales han anunciado que votarán a favor, mientras que Izquierda Unitaria y los Verdes lo harán en contra.

LOS PLAZOS
Según la nueva legislación, los inmigrantes en situación irregular que vayan a ser expulsados tendrán derecho a abandonar el país de forma voluntaria durante un período de entre 7 y 30 días. De no hacerlo, los gobiernos podrán confinarlos en centros de retención durante un período de seis meses, ampliables a 18 en el caso de aquellos que no cooperen. Cuando una persona sea expulsada no podrá volver a entrar en territorio comunitario durante cinco años, aunque esta limitación no se aplicará a quienes abandonen voluntariamente la UE.
La normativa también prevé la posibilidad de repatriar a los menores no acompañados, siempre y cuando se tenga en cuenta el mejor interés del niño. Y prevé que el internamiento de los inmigrantes pueda ser decidido “por las autoridades administrativas o judiciales”. El elemento que logró eliminar las últimas reticencias de países como Alemania y convencer a los negociadores de la Eurocámara fue el compromiso de ofrecer a los inmigrantes acceso gratuito a un abogado así como el apoyo financiero de la Comisión Europea para sufragar el coste. La asistencia letrada tendrá en cuenta la legislación de cada país y estará limitada a los supuestos que ya se ofrecen a los solicitantes de asilo.