Los ministros de Interior de la UE acordaron ayer los criterios mínimos comunes frente a la inmigración ilegal, percibida como un problema innegable. El Parlamento debe aprobar la norma. Los ministros de Interior de la UE acordaron ayer los criterios mínimos comunes frente a la inmigración ilegal, percibida como un problema innegable. El Parlamento debe aprobar la norma.

Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron ayer la directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular, que establece criterios mínimos comunes en los veintisiete estados comunitarios. Entre las medidas aprobadas, destaca el internamiento de hasta seis meses, ampliable a dieciocho, si hay problemas de identificación. La presidencia eslovena de turno destacó que, al fin, se ha aprobado la asistencia gratuita de abogado a los recluidos y confió en que el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión, apoye la norma en primera lectura el próximo día 17, sin introducir enmiendas. Aunque así suceda, todo parece indicar que la Eurocámara vivirá un duro debate. Sería necio ignorar que el asunto y la nueva normativa han generado, como era de esperar y aun de desear, vivas controversias en buena parte de los grupos políticos. A fin de cuentas se trata de conciliar unos derechos humanos consagrados por la Declaración Universal de 1948 con las legislaciones nacionales y la propia de la UE. Entre los derechos individuales bastará recordar los de vida, libertad y seguridad personales (art.3), libre circulación y residencia (art. 13), no ser detenido ni preso (art.10), ni sometido a trato cruel, inhumano o degradante (art.5), ver reconocida su personalidad en todas partes (art.6) e incluso no ser privado del derecho a cambiar de nacionalidad (art.15). Algunos de esos artículos repiten el adverbio “arbitrariamente”. No será fácil, pero bueno sería conseguir normas restrictivas, que acoten la arbitrariedad, sin que tales derechos se vean no ya apuntillados, ni siquiera heridos.

La opinión del Gobierno, expresada por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, es que esta directiva europea resulta equilibrada, garantista y armónica a la hora de conjugar la lucha contra la inmigración ilegal y el respeto por los derechos humanos. Habrá que ver cómo asimilan esta compatibilidad real quienes estén detenidos y en un limbo legal durante año y medio. En todo caso, la nueva disposición merece aplauso, porque al menos todos los miembros de la UE se han puesto de acuerdo en una norma que todos deberán aplicar.