Los ministros del Interior de la UE ratificaron ayer, tras tres años de debates, el acuerdo alcanzado a nivel de embajadores sobre la directiva que armoniza los procedimientos de repatriación de inmigrantes irregulares. Su apartado más polémico es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses. La directiva debe pasar su último trámite en la Eurocámara.

La Comisión Europea se ha comprometido a usar el Fondo Europeo de Retorno para ayudar a los Estados miembros con más problemas a pagar la asistencia jurídica a los inmigrantes que van a ser expulsados. Este compromiso permitió resolver el último punto pendiente. Varios países, encabezados por Alemania, se negaban a que la asistencia jurídica gratuita fuera una obligación, y por ello se había dejado la decisión en manos de cada país.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada durante un periodo de cinco años. La directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados.