La aprobación por parte de los ministros de Interior de la UE de la nueva directiva de retorno de los extranjeros en situación ilegal confirma el giro hacia una política más restrictiva en materia de inmigración. El acuerdo armoniza las legislaciones nacionales sobre la repatriación de los indocumentados, lo que contribuirá a unificar la respuesta en el seno de la Unión a una problemática cuyos efectos son compartidos. Pero resulta difícilmente defendible que los necesarios avances se promuevan en detrimento de las garantías legales que amparan a los ciudadanos sin papeles.

El aval proporcionado por el Ejecutivo español a la directiva es congruente con sus reiteradas apelaciones para que la UE gestione de manera más armónica los flujos migratorios. Pero también se ajusta a un cambio de discurso cuyo principal exponente son los objetivos que se ha fijado el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien cree conveniente cifrar la capacidad de acogida de extranjeros que presenta ahora nuestra economía. La modulación de la estrategia gubernamental responde a la inquietud por las dificultades que puede entrañar el frenazo económico para una inmigración que España ha asumido de un modo razonablemente ordenado, por lo que es comprensible que el Ejecutivo trate de anticiparse a eventuales situaciones de conflicto.