El Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) dio ayer su visto bueno a la proyectada directiva de retorno, a través de la cual los países miembros pretenden armonizar el trato a los inmigrantes sin papeles en la Europa comunitaria. El paso del proyecto de directiva por el Consejo tuvo carácter de mero trámite. La víspera, los representantes permanentes, reunidos en Coreper (comité) habían conseguido desbrozar las últimas suspicacias de algunos estados miembros sobre la gratuidad de la ayuda jurídica que deberán recibir las personas detectadas en condición irregular. A pesar de que el pasado día 22 el Coreper parecía haber alcanzado un acuerdo sobre el conjunto de la propuesta, este tema concreto de la asistencia jurídica gratuita había despertado recelos en los interlocutores de la Eurocámara con el Consejo.

Por ello, el miércoles, el Coreper tuvo que buscar una nueva fórmula de acuerdo. La escogida, a la que los ministros concedían finalmente su beneplácito ayer, estipula que los ciudadanos de países terceros que carezcan de recursos para pagarse la ayuda jurídica que su situación demande, “deberán” obtener esa ayuda gratuitamente “en la medida en que lo permitan las legislaciones nacionales”.

Se trata, esta, de una formulación como mínimo cínica, porque el derecho a la asistencia jurídica obligatoria, subyacente en el sentido del verbo “deber”, queda neutralizado por las “prácticas nacionales” al uso, y hay estados miembros que no garantizan la gratuidad de la asistencia letrada en estas circunstancias, o la limitan mucho. Alemania, Austria, Grecia y Lituania eran los socios comunitarios más opuestos a garantizar la gratuidad de la asistencia jurídica, temerosos de las consecuencias que semejante garantía podría tener en sus respectivas cuentas nacionales.

El Parlamento, por su parte, reclama que este pretendido derecho de los inmigrantes ilegales se asimile al que se aplica a los demandantes de asilo. La clave del acuerdo la proporcionó la Comisión europea, al anunciar que habilitará fondos comunitarios para atender las demandas nacionales que se susciten en este ámbito.

El texto de la directiva establece también un internamiento de los inmigrantes irregulares de hasta seis meses, ampliable a 18 en casos excepcionales en que haya problemas de identificación. Los inmigrantes sólo podrán ser devueltos a su país de origen o a aquellos países con los que los estados miembros o la UE hayan concluido acuerdos de repatriación.

La norma establece que cuando una persona en situación irregular sea expulsada tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años. Sin embargo, se introduce el principio de retorno voluntario, que evitaría esta prohibición de entrada. Cada inmigrante tiene derecho a dejar el país voluntariamente y los estados deberán fijar un plazo para ello de entre siete y treinta días. La futura directiva de retorno se aplica también a familias y menores no acompañados, aunque en este caso se prevén garantías específicas.

El asunto pasa ahora al Parlamento europeo, que lo abordará a mediados de mes. Se da por seguro un resultado difícil, dada la división de los grupos parlamentarios sobre la propuesta. La avalan la derecha, parte de la izquierda (como los socialistas españoles) y parte de los liberales.