Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea dieron ayer luz verde en Luxemburgo a la directiva de retorno de inmigrantes, la norma que homologa y endurece las condiciones para la expulsión de ciudadanos de terceros países que permanecen irregularmente en territorio comunitario. Algunos Gobiernos calculan que hay más de ocho millones de extranjeros en esa situación en Europa.

Para entrar en vigor, la directiva deberá contar con el visto bueno del Parlamento Europeo, y desde entonces dará a los Estados miembros 36 meses de plazo para que adapten sus respectivas legislaciones a las nuevas medidas. La Eurocámara prevé estudiar el texto en un pleno que se celebrará el próximo día 17, y en el que no está asegurado que vaya a obtener el respaldo mayoritario de los eurodiputados.

Los Veintisiete llevan casi tres años trabajando en la directiva de retorno, que contiene medidas muy polémicas, como la posibilidad de recluir a los inmigrantes en centros de repatriación durante un máximo de seis meses prorrogables a dieciocho; deportarlos a terceros países distintos a los de su nacionalidad, e incluso expulsar de la UE a menores de edad que permanezcan en ella sin papeles.

«Avance importante»

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, aseguró ayer en Luxemburgo que la directiva supone un «avance importante» en la protección de los derechos de los inmigrantes sometidos a procedimientos de repatriación, porque consagra la obligatoriedad de prestarles asistencia jurídica gratuita y «establece garantías donde no las había».

La asistencia legal fue uno de los principales obstáculos para sacar adelante la norma, sobre todo por las reticencias de Alemania, que temía los costes que podía suponer esa medida. Finalmente, los Veintisiete acordaron con los representantes del Parlamento que el asesoramiento jurídico gratuito será obligatorio, pero dejando a cada país libertad para decidir cómo y en qué circunstancias se presta ese servicio.

Camacho también se refirió a la posibilidad de que España amplíe sustancialmente el período máximo de retención de los inmigrantes antes de su expulsión, fijado ahora en cuarenta días y que la directiva permite ampliar a 180. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció por la mañana en el Congreso que el Gobierno estudia ese aumento, alegando que los procedimientos de repatriación son muy largos. En Luxemburgo, Camacho aseguró que no se llegará a los seis meses que permite la directiva.