La directiva de retorno homologa las normas de expulsión de inmigrantes.

Establece un máximo de seis meses para la reclusión de personas en trámite de expulsión, ampliable a dieciocho si no colaboran. En la actualidad, veintitrés países admiten plazos de más de seis meses, y en seis de ellos ni siquiera existe límite. Cárcel. La directiva admite la reclusión excepcional en penales convencionales.

Con las nuevas leyes, los países podrán legalizar la expulsión de menores de edad.

Se podrá enviar al inmigrante el país desde el que llegó, aunque no sea el de su nacionalidad.