Detención: El periodo máximo es de 6 meses. En circunstancias excepcionales, hasta 10 meses.

Retorno: Imposibilidad para un expulsado de volver a la UE antes de cinco años.

Menores: La escolarización no será un obstáculo para la expulsión.

Ayuda: La Comisión librará fondos para garantizar la asistencia jurídica al inmigrante ‘ilegal’ en determinadas circunstancias.

El Consejo de Justicia e Interior de la UE dio ayer su visto bueno a la proyectada Directiva de Retorno, a través de la cual los países miembros de la UE pretenden armonizar el trato a los inmigrantes ‘ilegales’ en la Europa comunitaria. El paso del proyecto por el Consejo tuvo carácter de mero trámite. La víspera, los representantes permanentes, reunidos en Coreper, habían conseguido desbrozar las últimas suspicacias de algunos Estados miembros sobre la gratuidad de la ayuda jurídica que deberán recibir las personas detectadas en condición irregular.

A pesar de que el pasado día 22 el Coreper parecía haber alcanzado un acuerdo sobre el conjunto de la propuesta, la asistencia jurídica gratuita había despertado recelos en los interlocutores de la Eurocámara con el Consejo. Por ello, anteayer, el Coreper tuvo que buscar una nueva fórmula de acuerdo. La escogida, a la que los ministros concedían finalmente su beneplácito ayer, estipula que los ciudadanos de países terceros que carezcan de recursos para pagarse la asistencia jurídica que su situación demande, «deberán» obtener esa ayuda gratuitamente «en la medida en que lo permitan las legislaciones nacionales». Se trata de una formulación como mínimo cínica, porque el derecho a la asistencia jurídica obligatoria, subyacente en el sentido del verbo «deber», queda neutralizado por las «prácticas nacionales» al uso, y hay Estados que no garantizan la gratuidad del respaldo letrado en estas circunstancias, o la limitan mucho.

Alemania, Austria, Grecia y Lituania eran los socios más opuestos a garantizar la gratuidad de la asistencia jurídica, temerosos de las consecuencias que semejante garantía podría tener en sus respectivas cuentas nacionales. El Parlamento, por su parte, reclama que este pretendido derecho de los inmigrantes irregulares se asimile al que se aplica a los demandantes de asilo. La clave del acuerdo la proporcionó la Comisión Europea, al anunciar que habilitará fondos comunitarios para atender las demandas nacionales que se susciten en este ámbito.

El asunto pasa ahora a la Eurocámara, que lo abordará a mediados de mes. Se da por seguro un resultado difícil, dada la división de los grupos parlamentarios sobre la propuesta. La avalan las derechas, parte de las izquierdas (como los socialistas españoles) y una parte de los liberales. El debate está abierto entre quienes consideran este proyecto de norma poco menos que un disparate profundamente contrario a los derechos humanos y quienes, como el vicepresidente de la Comisión, Jacques Barrot, piensan que a través de ella se establecen unos mínimos armonizados en toda la UE.