La versión definitiva permite la retención de inmigrantes ‘sin papeles’ hasta un año y medio Mientras Nicolas Sarkozy presiona por un pacto para la inmigración, los Veintisiete cerraron ayer su primer capítulo: la primera norma europea para regular la expulsión de inmigrantes. Después de las últimas pinceladas para responder a algunas demandas del Parlamento Europeo, los ministros de Interior de la UE dieron su sí a la versión final, que permitirá endurecer la legislación de países como España.

Según la nueva directiva, que, si se aprueba el próximo día 18, entrará en vigor en 2010, los inmigrantes sin papeles que no salgan de un país europeo en 30 días, podrán ser retenidos hasta seis meses y, si no se logra identificar su nacionalidad – o su lugar de origen pone trabas burocráticas – , hasta un año y medio. En España, el tope de retención es 40 días, pero el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que aprovechará la legislación europea para incrementarlo.

Los partidarios de la directiva insisten en que, al menos, se asegurarán límites para los nueve miembros de la UE que carecen de ellos y más protección en la expulsión. «Así hay más certidumbre legal para los que están afectados», dijo Jacques Barrot, comisario de Justicia y Seguridad, en rueda de prensa.

La norma, respaldada por España, también ha gustado a los partidarios de la dureza contra los sin papeles. Roberto Maroni, ministro de Interior de Italia y defensor de que la inmigración ilegal sea considerada un crimen, se declaró ayer «reconfortado» por la propuesta. El representante esloveno de Interior, Dragutin Mate, cuyo país preside este semestre la UE, dio por descontado el sí del Parlamento, aunque reconoció que «cada voto contará».

El intenso debate está asegurado, especialmente sobre algunos puntos más polémicos, como la asistencia jurídica gratuita. Tras una limadura lingüística, los Estados miembros se comprometen a ofrecerla con menos excepciones de las previstas inicialmente, aunque sólo tres años después de que entre en vigor la norma. La solución es la misma ofrecida a los solicitantes de asilo, que reciben ayuda, aunque con límites en caso de apelación y en función del tiempo del proceso y los costes acumulados. Además, la Comisión Europea ayudará financieramente con un fondo extra para la protección legal de los inmigrantes.

Otro de los artículos más debatidos en Estrasburgo será sobre el tratamiento de los menores no acompañados, que pueden ser repatriados, aunque deben permanecer en un centro especial y bajo la supervisión. Los eurodiputados socialistas quieren introducir más enmiendas, para que se protejan mejor algunos de sus derechos, como el de la escolarización.

Los liberales en la Eurocámara, claves para lograr la mayoría, ya han confirmado que apoyarán el texto. «Este puede parecer sólo un modesto primer paso hacia una política migratoria europea, pero, por lo menos, es un paso en la dirección correcta», dijo su líder, el británico Graham Watson. «Las medidas arbitrarias ya no mandarán sobre las vidas humanas», comentó el liberal, convencido de que la falta de una norma común es «peor para todos».