El Consell analizará esta mañana la primera versión del anteproyecto de ley de integración que recogerá el contrato para inmigrantes no comunitarios en la Comunidad Valenciana, según anticipó ayer la diputada del PP Marisol Linares ante el pleno de las Cortes. Linares replicaba así a una iniciativa que defendió Glòria Marcos, de Compromís, para impedir que la propuesta que puso sobre la mesa hace un mes el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, cobrara cuerpo.

El debate reveló dos modelos diametralmente opuestos de abordar el fenómeno de la inmigración. Frente a la “oferta” a los inmigrantes para que asuman el compromiso de conocer la lengua o las costumbres valencianas que plantea el PP, la oposición defendió la necesidad de “prevenir el conflicto” desde la Administración como única vía para favorecer la plena integración de los extranjeros.

Linares dibujó “una radiografía” sobre la notable evolución de la inmigración en la Comunidad Valenciana, defendió que “el contrato de integración es plenamente constitucional” y auguró que otras administraciones autonómicas imitarán a la Generalitat.

Marcos optó por la crudeza de los conflictos raciales que se han registrado en las últimas semanas en Suráfrica o en Nápoles, “en la Italia de Berlusconi”; alertó sobre “los riesgos” que entraña destapar algunas “cajas de Pandora”; y denunció que el Consell sólo persigue “criminalizar” a los inmigrantes y trasladarles toda la responsabilidad sobre las carencias de los servicios sociales que debe ofrecer la Generalitat. “Una forma de alentar la xenofobia”, sentenció Marcos.

Nuria Espí, del PSPV, defendió la necesidad de asumir “el conflicto como factor generador de crecimiento”. La diputada socialista recordó que en Santa Coloma de Gramenet, una localidad con una población en torno a 120.000 habitantes, trabajan “40 mediadores interculturales” cuya misión es evitar conflictos entre vecinos o barrios para favorecer una integración real de los extranjeros. “¿Cuántos mediadores interculturales hay en la Comunidad Valenciana?” La figura no existe, pero el conflicto está latente.

El PP rechazó retirar el anteproyecto sobre integración, lo mismo que se opuso a crear una comisión parlamentaria específica para intentar acordar una posición netamente valenciana ante la próxima revisión del sistema de financiación autonómica.

Enric Morera, portavoz adjunto de Compromís, formuló la iniciativa el pasado mes de octubre. Nueve meses después, cuando el debate sobre el modelo de financiación autonómica ya está oficialmente en marcha, Morera desgranó el manual del nacionalista. “El sistema penaliza a los valencianos, vulnera los principios de igualdad y solidaridad”, defendió Morera. También denunció la falta de un criterio claro de parte de la Generalitat, una crítica en la que abundó la socialista Cristina Moreno, quien recordó que Francisco Camps ha defendido tanto un “frente común” con Cataluña como un “frente común” con Canarias, cuyos intereses en la negociación son contrapuestos. José Marí, por el PP, optó por cuestiones adjetivas para evitar el debate y rechazó la propuesta.