Los 27 embajadores permanentes de la UE, los representantes de la Comisión Europea y la Eurocámara alcanzaron ayer el que parece que será el acuerdo definitivo sobre las reglas que regirán la expulsión de los inmigrantes irregulares de la UE.
La polémica normativa, que prevé la posibilidad de confinar a los sin papeles en centros de retención hasta 18 meses, está previsto que sea refrendado hoy por el Consejo de ministros de Justicia e Interior.
La presidencia eslovena se vio obligada ayer a reabrir el debate debido a las discrepancias que persistían sobre la obligación o no de dar asistencia jurídica gratuita a los sin papeles que presenten recurso. Algunos países como Alemania se oponían a facilitar abogados gratis por el coste económico mientras que la Eurocámara insistía en mantener esta exigencia para garantizar los derechos de los inmigrantes.
El texto pactado por los 27 reconoce la obligación de dar asistencia legal gratuita de acuerdo con la legislación de cada país, pero limitada a las disposiciones del estatuto del refugiado del 2005.
La nueva ley mantiene el resto de puntos negociados a finales de mayo. Un período de retención de seis meses ampliable a un máximo de 18, posibilidad de repatriar a los menores no acompañados, posibilidad de utilizar la fuerza si fuera necesario durante la expulsión y prohibición de reentrada en los países de la UE durante cinco años para los inmigrantes repatriados.

BERLUSCONI MATIZA
Por otra parte, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, dijo ayer que no ha dado “marcha atrás” sobre la intención de su Gobierno de tipificar como delito la inmigración ilegal y que su cambio de parecer sobre este hecho expresado el martes tras reunirse con Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero es solo “una opinión personal”. Según Berlusconi, la prensa tergiversó sus palabras, actuando de “mala fe”.