Hitler sube democráticamente al poder en 1933. Berlusconi alcanza democráticamente el poder en el 2008.

Años antes, en la década de los años veinte, se publicó el libro Mein Kampf (Mi lucha), que recogía las propuestas que conformaban el violento antisemitismo del Führer. En 1933, en la Alemania nazi, se comenzó a poner en práctica esa doctrina antisemítica que desembocó en matanzas masivas de judíos.

La semana pasada, en Italia, Il Cavalieri ha hecho pública su política contra los inmigrantes irregulares, el llamado «paquete de seguridad», convirtiéndolos en delincuentes, prolongando su estancia a la espera de expulsión hasta 18 meses en centros de internamiento (eufemismo de cárceles), ampliando los motivos para su expulsión y agravando en un tercio las penas por hechos cuyo autor sea un «sin papeles».

En 1933, los Gobiernos de los países democráticos cerraron los ojos o miraron para otro lado. Nadie quiso enfrentarse al autor del Mein Kampf . Hace dos días, Berlusconi echó marcha atrás y de su política de inmigración retiró la medida de que el ser irregular es por sí solo un delito.

Ahora, 75 años después, los Gobiernos europeos, con la excepción de la vicepresidenta del Gobierno español, han vuelto, al menos aparentemente, a cerrar los ojos ante la política italiana hacia el inmigrante irregular, cuyo único delito es haber huido del hambre.

¿Qué hace la Unión Europea, los países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos? Europa, la Europa controladora de las políticas económicas que se inmiscuye hasta en los más nimio; la Europa amparadora de la vulneración de los derechos individuales de los ciudadanos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos); la Europa que quiere construir una Declaración de Derechos y Libertades en su Constitución; la que pone problemas a la entrada de Turquía por no respetar los derechos de las personas… Esa Europa tiene que tomar partido. Debe recordar al Gobierno italiano que los inmigrantes son personas que tienen el derecho a emigrar, a las que no se les pueden agravar sus penas por estar en situación irregular. Es muy cierto que no todo inmigrante que quiera acceder a un país puede hacerlo y que los países receptores no están obligados a aceptar su entrada. Pero el impedir que se entre no implica que al que viene en cayuco se le pueda hundir el barco en alta mar ni al que viene en coche se le pueda pinchar las ruedas y despeñarlo. El derecho de retorno no supone el poder hacer con el inmigrante lo que se quiera. Estamos obligados a respetar su dignidad.

Por eso Europa tiene que hablar, defender su derecho a regular las migraciones hacia el continente y promover el codesarrollo. No se puede repetir lo de 1933.