Representantes de los Veintisiete, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea alcanzaron ayer en Bruselas un principio de acuerdo para sacar adelante la polémica directiva de retorno, que pretende homologar en todos los países de la Unión las normas para expulsar a inmigrantes irregulares.

El debate sobre la directiva se había atascado después de que el comité de la Eurocámara que negocia el contenido de la norma con el Consejo advirtiera del rechazo a un acuerdo previo de esa institución, que eliminaba las garantías de asistencia jurídica a los irregulares amenazados de expulsión. Según fuentes comunitarias, el acuerdo se basa en ratificar la obligatoriedad del asesoramiento legal, pero manteniendo abierta la posibilidad de que los Gobiernos decidan cómo y en qué circunstancias debe prestarse.

El texto, al que darán hoy su visto bueno en Luxemburgo los ministros de Justicia de la UE antes de someterlo al dictamen del pleno de la Eurocámara, incluye otras medidas, como la posibilidad de retener hasta 18 meses a los inmigrantes, expulsar a menores de edad y deportar a los irregulares a países distintos a los de su nacionalidad. Si el Parlamento aprueba la directiva, los países tendrán 36 meses para adaptarla a sus legislaciones.