España e Italia se reconcilian después de la crisis migratoria que hace dos semanas enturbió sus relaciones, pero no por eso deja José Luis Rodríguez Zapatero de subrayar las diferencias que separan a ambos países en tan delicada materia. El presidente español y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, tuvieron ayer un breve encuentro informal durante la cumbre de la FAO sobre cambio climático, energía y alimentos, tras el que Zapatero habló alto y claro de las bondades que, a su juicio, presenta el modelo español de gestión de la inmigración clandestina, basado en la cooperación con los países de origen de los inmigrantes .

Al tiempo, Zapatero insistió en la necesidad de una política migratoria pactada en el seno de la Unión Europea, y reiteró su perplejidad ante la decisión unilateral italiana de abordar el fenómeno de la inmigración ilegal a golpe de cambios legislativos. El jefe del Gobierno aludía así, sin citarlo, al proyecto de ley de Berlusconi de introducir en el Código Penal el delito de inmigración clandestina, figura actualmente existente en la legislación francesa.

En rueda de prensa posterior a su veloz encuentro, Zapatero defendió, en sustancia, que el esfuerzo diplomático y político resulta más eficaz en la contención de la oleada migratoria que la creación de nuevas leyes nacionales. “Cada país tiene sus leyes – proclamó-. Yo no he modificado la ley de Extranjería, y en mis cuatro años de gobierno he trabajado con las leyes del gobierno anterior, porque ojalá la solución fuera cambiar las leyes…”. La magnitud de la urgencia migratoria es tal que se obtienen mejores resultados, según Zapatero, “con el respeto de los derechos humanos y con la cooperación”, y recordó que por esa vía España ha conseguido el doble de repatriaciones de inmigrantes sin papeles. Datos del 2007: España devolvió a casi 56.000 inmigrantes clandestinos frente a los 26.000 expulsados por Italia.

“Nadie puede aspirar a que el color de la piel o la búsqueda de un trabajo sea una circunstancia que dé lugar a una pena. Meterlo en el Código Penal busca un fin, que es prevenir la inmigración clandestina. ¿Es eso eficaz?”, se preguntó Zapatero, para concluir que difícilmente lo será. “A mí no me verán en política migratoria anunciando grandes reformas legislativas – concluyó-. Sí me verán multiplicando la ayuda al desarrollo, abriendo embajadas y consulados en esos países”.

Pese a la firmeza con que defendió la política migratoria española, Zapatero se esforzó por aplicar ungüentos a las relaciones bilaterales. Así, recordó que “el Gobierno español nunca ha calificado al Gobierno italiano de xenófobo, sino que se refería a circunstancias localizadas y a reacciones populares”, y que las declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega fueron producto de un malentendido sobre la naturaleza de algunas medidas italianas. “España e Italia son países amigos como lo son los responsables de sus gobiernos, y no ha habido ninguna sombra en nuestras relaciones”, sentenció Berlusconi, y Zapatero señaló que Italia es “un país hermano, amigo y aliado en la UE”.

Mientras en Roma se limaban asperezas, en París las diplomacias española y francesa se ponían manos a la obra para desencallar el proyecto de Pacto por la Inmigración auspiciado por Nicolas Sarkozy. En una reunión en el Quai d´Orsay, el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, y su homólogo francés, Jean-Pierre Jouyet, acordaron elaborar una propuesta conjunta franco-española sobre la materia que será sometida al resto de socios europeos. El objetivo es que el texto esté listo para la próxima reunión bilateral, el 27 de junio en Zaragoza.

París ha decidido tratar a Madrid como interlocutor principal en este asunto y se muestra dispuesto a rebajar las propuestas más indigestas para el Gobierno español, en particular el “contrato de integración” por el cual los inmigrantes se obligarían a aprender la lengua del país de acogida. Jouyet dijo “entender” la petición española de que en materia de integración haya más “subsidiariedad”, esto es, que cada país la organice a su modo. “Creo que podemos encontrar un acuerdo”, dijo, y subrayó que “lo importante no son las formulaciones sino los objetivos”. “Hay una sensibilidad española que hay que tener en cuenta”, añadió. Por otro lado, el secretario de Estado francés se mostró receptivo a que Barcelona tenga un “papel importante” en la estructura de la futura Unión por el Mediterráneo.