Punto de inflexión para los temporeros inmigrantes que forman campamentos en Extremadura durante las campañas agrícolas; una situación que ha provocado problemas de convivencia en los últimos años y que ha desbordado a los ayuntamientos de las localidades que reciben a miles de extranjeros.

Los consistorios extremeños, de manera unánime y con el respaldo de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), han decidido multar con 30 euros a cada inmigrante temporero que habite en un campamento ilegal situado en una finca pública.

Los propios alcaldes podrán fijar esta sanción si los acampados no abandonan el lugar en 72 horas. La multa puede aumentar a los 150 euros si rompen o ensucian mobiliario urbano, o si se conectan a las redes de agua y alumbrado sin autorización.

En caso de que el lugar donde estén acampados sea privado, el que tendrá que pagar las multas será el dueño de los terrenos (también 30 euros por cada temporero), si se comprueba que no ha tenido la intención de expulsarlos y denunciarlos ante las autoridades políticas y judiciales. Los ayuntamientos podrán acusarlos de ser promotores del asentamiento.

El nuevo reglamento, centrado en la prohibición de campamentos en los municipios y sus alrededores, establece: «Estará prohibida la instalación de uno o más albergues móviles, caravanas, tiendas de campaña y otros elementos fácilmente transportables, fuera de los campamentos de turismo regulados en las leyes y reglamentos correspondientes».