Marta Borcha

madrid – La muerte los sorprende en sus puestos de trabajo: encima del andamio, inmersos en una mina o conduciendo por la carretera. Su ausencia deja tras ellos viudas y huérfanos incapaces de asimilar la tragedia. ¿Fue un accidente o se podía haber evitado? Son trabajadores anónimos que no reciben honores ni distinciones. Tan sólo pasan a formar parte de esa lista de cerca de 1.000 víctimas mortales que la siniestralidad laboral provoca cada año en nuestro país, lo que se traduce en tres al día.

España tiene el triste honor de encabezar la estadística europea en accidentes laborales con resultado de muerte. La tasa de siniestralidad laboral es de 5,8 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más de un 30 por ciento por encima de la media de la UE de los 15. Una realidad que, como aprecia Javier Torres, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, no viene marcada por una falta de legislación adecuada sino por la absoluta desatención de muchos empresarios: «El problema no son las leyes, pues nos regimos por las europeas y éstas son correctas, si no la falta de cumplimiento por parte de los empresarios, que no asumen su responsabilidad en la prevención de riesgos».

La rutina de los accidentes relacionados con el trabajo se ha puesto de manifiesto, una vez más, esta semana, en la que nueve personas han muerto en sus puestos de trabajo. El suceso más grave se produjo en Valencia, en las obras de construcción del nuevo campo de fútbol del Valencia CF. La caída de un andamio le costó la vida a cuatro personas.

Por otra parte, un minero murió en León, un trabajador murió en Lugo en accidente «in itinere» (en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), un pintor en una caída en Segovia y un obrero de la construcción de Navarra. Todos ellos eran varones y tenían entre 24 y 55 años de edad. La última muerte se produjo ayer en Palma de Mallorca, donde un obrero de 35 años murió al caer desde un octavo piso.

Si bien las estadísticas hablan de una reducción de los accidentes con baja en jornada de trabajo en los últimos años – 223.064 bajas en el primer trimestre de este año frente a las 246.915 del mismo periodo de 2007 – , no ocurre lo mismo con las víctimas mortales, cuya cifra en ambos casos es de 227, según datos del Ministerio de Trabajo. Andalucía es la comunidad con mayor número de muertes en el trabajo, con 48 en lo que va de año; seguida por Cataluña (26), comunidad Valenciana, Galicia (23) y Madrid (20). «Pese a que el índice de accidentalidad se ha reducido, las cifras de muertos son escandalosas para un país como España», sostiene Torres.

La construcción, seguida del transporte terrestre, es el sector con mayor número de accidentes y víctimas mortales. De enero a marzo, 74 personas han perdido la vida en la construcción. Según los sindicatos, la mayor parte por caídas en alturas debido a falta de protección de los huecos de ascensores, forjados y tejados. Otras víctimas quedaron atrapadas y murieron enterradas en zanjas sin entibar, otras sufrieron atropellos, golpes de maquinarias y descargas eléctricas.

Condiciones precarias

La siniestralidad tiene rostro de iberoamericano, rumano o africano. «Un tercio de los muertos en el trabajo es inmigrante, trabajadores que tienen entre 20 y 30 años, un contrato temporal de menos de un año en una pequeña o mediana empresa del sector de la construcción y unas condiciones laborales precarias».

Las infinitas jornadas a la que están sometidos los trabajadores de la construcción y la ausencia de medidas de prevención son las principales causas que tiñen de sangre y muerte las obras: «El 90 por ciento de los accidentes mortales son por falta de prevención. Tenemos la prueba en Valencia, donde los obreros del Nuevo Mestalla trabajan 14 horas diarias, lo que pone de relieve lo poco que respetan los empresarios la salud de sus trabajadores. Aparte del riesgo que conlleva la construcción, la fatiga es un elemento esencial para que se desencadenen accidentes y el responsable de esa fatiga siempre es el empresario». El empresario, apunta, «tiene la responsabilidad absoluta de vigilar que los trabajadores cumplan con las normas; por lo tanto, si existe alguna negligencia siempre es su responsabilidad».

La contratación ilegal en la economía sumergida y la construcción forman un tándem mafioso que en ocasiones sólo destapa la muerte. Ése fue el caso, por ejemplo, que se dio el año pasado en La Rioja, donde un tribunal condenó a dos años de cárcel a un empresario y a sus dos hijos tras la muerte de un ecuatoriano aplastado por un montacargas mientras pintaba la empresa familiar. El cadáver fue hallado por uno de los condenados, quien negó a la Guardia Civil conocer la identidad del accidentado e intentó hacerles creer que era un delincuente que había entrado a robar. La muerte de un obrero rumano destapó a su vez, en agosto, que en el chalet donde trabajaba el fallecido se alojaban y trabajaban cinco polacos por 20 euros al día.

Aunque cada año se cursan cientos de denuncias por explotación laboral en la construcción, señala el responsable de CC OO, la mayoría silencia su precariedad aunque sabe que se está jugando la vida: «El miedo a que no los vuelvan a contratar o a que tomen represalias o en el caso de los indocumentados, a que los devuelvan a sus países, hace que no se denuncie tanto como debiera».

A las inspecciones laborales que realiza el Ministerio de Trabajo les corresponde vigilar y controlar que la normativa sobre prevención de riesgos laborales se cumpla. Sin embargo, tal y como denuncia Javier Torres, «la escasez de inspectores dificulta que las empresas cumplan con sus obligaciones».

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