Los planes del Gobierno italiano de convertir la inmigración ilegal en un delito susceptible de ser castigado con penas de hasta cuatro años de prisión recibió ayer un duro y doble revés desde la ONU y el Vaticano.

«Las políticas represivas y la actitud xenófoba e intolerante contra la inmigración ilegal representan en Europa una seria preocupación», afirmaba el responsable del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour. Durante su intervención ayer en el Consejo de la ONU sobre Derechos Humanos en Ginebra, Arbour acusó a Italia y condenó «los recientes ataques a campamentos gitanos y la decisión del Gobierno italiano de tipificar como delito la inmigración ilegal».

Además, la proposición de ley del Gobierno de Silvio Berlusconi recibió un fuerte varapalo desde el Vaticano. «Los ciudadanos de terceros países, igual que los comunitarios, no pueden verse privados de libertad personal, detenidos por una infracción administrativa», declaró el secretario del Pontificio Consejo para los Inmigrantes, monseñor Agostino Marchetto.