entrevista | manuel pombo

Tras la reforma emprendida en la ley de extranjería italiana y vistas las pretensiones francesas de endurecer la política común de inmigración, España estudia también introducir modificaciones, aún sin concretar, en su normativa. Pombo es el representante en España de la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración

- ¿Ve posible aquí una reforma a la italiana de la ley de extranjería?

- Las condiciones se están endureciendo en toda Europa. Italia intenta implantar una política de palo al que se mueva, pero ¿qué sentido tendría, por ejemplo, convertir aquí en delito la inmigración ilegal? Pues la única diferencia, sería que los casos se tramitarían por la vía penal y eso supondría una mayor lentitud en los procesos de expulsión, que ahora tienen unos plazos más reducidos al tramitarse por vía administrativa. Porque se nos escapa que siguen haciendo falta acuerdos de readmisión con los países de origen de los inmigrantes en situación irregular. La reforma italiana tiene mucho de gesto de cara a la galería, se hacer ver que se actúa contra focos de delincuencia en poblados marginales.

- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, propone tolerancia cero para los extranjeros en situación irregular. «Inmigrantes los que hagan falta, pero con contrato de trabajo», dijo el otro día. ¿Qué le parece?

- Precisamente Corbacho, que tan crítico ha sido con las políticas de inmigración del PP… Lo mejor para impedir la inmigración ilegal es facilitar la legal, pero aquí la situación se nos ha venido encima y no estamos preparados. Gran parte de los que llegan están condenados a la marginalidad porque el Gobierno mira para otro lado en ámbitos clave. Por ejemplo, ¿para qué está la Inspección de Trabajo? ¿son suficientes dos o tres inspectores de Trabajo para controlar toda una comunidad autónoma? Si hubiera interés real se multaría al empleador que tiene a gente trabajando en situación irregular y condiciones precarias. Que tienes treinta personas en esa situación, pues treinta millones de multa. A lo mejor arruinan a dos o tres, pero el cuarto ya hará las cosas bien para que no lo arruinen.

- Está hablando de falta de recursos y parece que de eso no andan bien en ningún ministerio. Mire la Justicia.

- Es que se funciona con presupuestos que se aprobaron el año pasado para hacer frente a situaciones que acontecen este año. Y luego está que arrastramos un déficit desde hace décadas. En política exterior, por ejemplo. Hay muchos países donde los servicios consulares no dan abasto. También es imprescindible abrir más centros y mejorar las condiciones de los que ya existen.

- Precisamente, otra fuente de polémica son los centros de internamiento. Numerosas ONG han solicitado el cierre de estos recintos.

- Cerrarlos sería como cerrar las cárceles, una medida imposible. Los centros son necesarios para tener un control sobre el sospechoso de estar en situación irregular hasta que se decida qué hacer. Son centros de transición, porque no se le puede decir al inmigrante espere en una pensión hasta que le digamos si lo expulsamos del país. Porque está claro que no se va a quedar ahí esperando. Lo que hay que hacer es agilizar los trámites, evitar que estos centros se conviertan en residencia permanente. Y, sobre todo, fomentar la inmigración legal.

- ¿Y con los menores?

- Los centros para menores están mal pensados. Habría que crear recintos muy pequeños en los que prestar atención al menor. Crear una red de inspectores para controlar qué ocurre en el interior de estos centros y luego facilitarles el ganar algún dinero, a los que tienen cierta edad, porque si no, saldrán a buscarse la vida como sea. Yo creo que ese es el gran reto para España: construir la integración de los menores inmigrantes.