San Sebastián. dv. La masiva llegada de inmigrantes sin papeles es un fenómeno que inquieta a las autoridades europeas. A esta preocupación obedece la recientemente aprobada directiva del Retorno que, además de establecer límites de retención para los sin papeles, en realidad supone un endurecimiento de las medidas reguladoras de la inmigración ilegal. Sin embargo, el flujo migratorio del País Vasco apenas supone el 4,6% de la población. En este porcentaje se incluyen las casi 100.000 personas extranjeras que residen en Euskadi, entre ellas casi 15.000 en situación no regular. Entre éstas, unas 5.000 en Gipuzkoa.

LA SITUACIÓN

Inmigración de paso

– ¿Cuál es la situación de la inmigración ilegal en Euskadi y particularmente en Gipuzkoa?

– Agustín Unzurrunzaga. Es muy parecida a la del conjunto del Estado. La normativa es la misma. La irregularidad viene determinada por no poseer una autorización de residencia o de estancia por estudios. Otra cosa es que se pueda distinguir entre la irregularidad absoluta y la irregularidad empadronada; esta última permite el acceso a determinados derechos sociales, como la tarjeta sanitaria o la educación. Y en este aspecto sí puede haber algunas diferencias entre comunidades autónomas.

–Gueye Abdoulaye. Gipuzkoa no ha sido tradicionalmente un destino privilegiado para la inmigración, pero en los últimos años ha ido surgiendo una nueva situación: de ser una zona de paso, ahora hay gente que desea buscar aquí su nueva vida. Sin embargo, no es una llegada relevante. La población vasca cree que tiene muchos más inmigrantes de los que realmente hay. En realidad, es un 4,6%, un porcentaje mucho menor que el de las comunidades vecinas.

– ¿De este porcentaje, cuál es el de la inmigración irregular?

– Agustín Unzurrunzaga. No existen datos concretos. Hay que obtener la estadística del cruce de las cifras del Ministerio de Trabajo y del INE. El problema de cálculo es tan notorio que incluso los propios miembros del Gobierno manejan datos diferentes. En plena campaña electoral, Caldera decía que había 200.000 en el Estado; Zapatero hablaba de 250.000, y la vicepresidenta, de 300.000. Según nuestros datos, sobrepasarían de los 500.000.

– ¿Y en Euskadi y Gipuzkoa?

– Agustín Unzurrunzaga. En la CAV, a 1 de enero de 2007, según los datos del INE, el número total de personas extranjeras empadronadas era de 98.108, de ellas 28.883 en Gipuzkoa, mientras que en el último trimestre el número total de personas con permiso de residencia era de 87.646 en la CAV, que en Gipuzkoa eran 24.164. Pensamos que ahora el número de personas empadronadas pasan de 100.000 en Euskadi. Extrapolando datos, podríamos decir que en Gipuzkoa hay unas 5.000 en situación irregular.

– José Ignacio Insausti. En el caso de la población inmigrante menor no se puede hablar de ‘ilegal’ porque, si bien la llegada al país puede serlo, desde el momento en que el joven entra en el sistema, la ley obliga a las instituciones a protegerle. Pero pasa a una situación de alegalidad, donde las mismas instituciones estaríamos obligadas a abrir el proceso de regularización. Respecto a la situación en Gipuzkoa, yo diría que existe una cifra creciente de llegadas de menores extranjeros no acompañados. En la CAV hay unos 700. En Gipuzkoa, en 2007, atendimos en nuestros tres centros de urgencia a 250; en lo que llevamos de año van 241 y en la actualidad tenemos 180 menores. A este ritmo, a final de año superaremos todos los registros anteriores.

– ¿De dónde proceden estos menores?

– José Ignacio Insausti. El 90% son de origen magrebí. Pero en otras comunidades están comenzando a proliferar jóvenes de los países del Este y asiáticos.

– Agustín Unzurrunzaga. Las procedencias más importantes de la inmigración adulta en Euskadi son: Colombia, la mayor, Bolivia, Rumanía, Marruecos, Portugal, Ecuador, Brasil, Argentina, China y Argelia. Y los índices de regularización nos dicen que los colombianos están regularizados al 91%; Bolivia, 21% (el 79%, en situación irregular); Marruecos, 83%; Ecuador, 93%; Brasil, en cambio, 43%; Argentina, 60%; China, 92%; Argelia, 62%; Paraguay, 21%; Perú, 99%; Venezuela, 52%; Senegal, 67%, y República Dominicana, 95%.

– Gueye Abdoulaye. Estos datos permiten ver que los más regularizados son precisamente los procedentes de países que tienen que venir con un visado.

– ¿Cuál es la primera comunidad extranjera en Gipuzkoa?

– Agustín Unzurrunzaga. La ecuatoriana, seguida de la marroquí y la portuguesa, por este orden.

LAS CAUSAS

El paraíso añorado

– ¿Cuáles son los motivos de esta llegada masiva de inmigrantes ‘sin papeles’, que incluso arriesgan sus vidas con tal de entrar en Europa?

– José Ignacio Insausti. En el tema de los menores está muy claro. Es la imagen que estamos trasladando al Tercer Mundo, una imagen de bienestar, de desarrollo económico y de opulencia. Las familias perciben esta imagen y, viendo que no hay salida en su país, eligen una opción para sus hijos: mandarles fuera de su país. Pero la imagen que les trasladamos difícilmente se corresponde con la que se encuentran. Eso les supone el primer choque; inmediatamente después llega otro batacazo: cuando se enteran que la ley les impide trabajar antes de los 16 años. En Marruecos no está penalizado el trabajo infantil y de hecho las empresas contratan menores. Hay que ponerse en la piel de esos padres que envían a sus hijos de 12 años al supuesto país de la opulencia, aunque lo hagan en los bajos de un camión. Algunos de nuestros chavales han llegado al centro sin dientes porque han sufrido una caída cuando viajaban en los bajos de un camión.

– Gueye Abdoulaye. Yo creo que son las mismas razones por las que gallegos o vascos se marcharon a América u otros lugares. Lo que ocurre es que a veces tenemos la memoria muy débil. Nadie sale de su país, en esas condiciones, para pasearse. Incluso el latinoamericano que llega aquí a través de un aeropuerto, sin jugarse la vida, deja en su país todo lo que tiene y lo que quiere. Nadie da este paso sin que exista una necesidad apremiante. La situación en América Latina, en África o en Asia, dentro de un mundo globalizado, es de un empobrecimiento progresivo. Y ahora, cuando Europa comienza a ver el riesgo de implosión, es cuando habla de codesarrollo y de apoyar a la población en sus zonas de origen.

– ¿Pero, en el caso de los subsaharianos, por ejemplo, no se cuestionan el riesgo de perder la vida?

– Gueye Abdoulaye. Es una cuestión cultural. Ellos piensan que si han de morirse, la muerte les va a llegar estén donde estén, en su cama o en un cayuco. Uno morirá cuando le llegue el momento, ni antes ni después, porque el futuro está escrito. Es un fatalismo que no les hace temer el peligro.

– Agustín Unzurrunzaga. Las razones, en efecto, son las mismas que las de cualquier proceso inmigratorio de la historia. De hecho, Europa es la zona del mundo cuyos habitantes más han emigrado. En España hemos sido inmigrantes irregulares desde finales del siglo XIX. Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que la emigración nunca es ordenada, siempre es caótica, y cuando los gobiernos se empeñan en lograr que todos los extranjeros vengan con un contrato de trabajo, se equivocan. Nunca ha ocurrido. Y está claro, por otra parte, que los procedimientos de regularización no acaban con la irregularidad. Uno de ellos, por ejemplo, el arraigo laboral, ha sido un fracaso absoluto.

CONSECUENCIAS

El blindaje europeo

– ¿Cuál es el temor de las administraciones europeas ante la llegada masiva de inmigrantes?

– Gueye Abdoulaye. Estamos en un momento en el que la sociedad occidental vive inmersa en una especie de miedo colectivo que le lleva a reforzar todos sus sistemas de seguridad. Además, la situación económica desfavorable repercute directamente en los inmigrantes. Ante una coyuntura de recesión, el mensaje es que ojo, que aquí no cabemos todos, y es un mensaje que va calando porque se teme que el inmigrante vaya a competir por un puesto de trabajo que casi siempre es del escalafón más bajo. Y, además, hay un cierto desconcierto político; hasta el punto de que la propia Administración parece haber llegado a la conclusión de que todos los avances democráticos deben aplicarse de manera diferente a los extranjeros. Eso hace tambalearse las bases del un estado democrático.

– Agustín Unzurrunzaga. El miedo a la inseguridad y la identificación de la ilegalidad con la delincuencia son etiquetas que calan en una parte de la población. Combatir eso no es fácil porque tiene mucho que ver con formas difusas de xenofobia y de racismo social. En la situación de irregularidad hay muchos problemas implicados, entre ellos los laborales porque crea las condiciones objetivas para que haya superexplotación laboral. Por otro lado, puede permitir a una persona en situación irregular permanecer el tiempo suficiente (tres años) para sobrevivir y poder regularizar su situación por la vía del arraigo. Pero hay que insistir en un hecho bien claro: la irregularidad no es un delito, sino una falta de carácter administrativo, que ni tan siquiera se debería sancionar con la expulsión.

– José Ignacio Insausti. La llegada de menores extranjeros no acompañados es una realidad en constante cambio; no sabemos qué tipo de menores nos van a llegar en el futuro, pero está claro que nosotros debemos ofrecerles una atención. La mayoría de los que hoy vienen tienen una media de edad de 16 años y son varones, pero no sabemos si quienes nos lleguen mañana serán de 9 años, o si la mayoría serán chicas. Una cuestión, además, que implica la intervención interinstitucional: la Diputación debe ofrecer la protección, pero otros la educación, otros la formación en el aprendizaje para el trabajo, otros la atención sanitaria, etcétera. Y la institución judicial también debe implicarse porque, efectivamente, hay un porcentaje mínimo sobre el que deben establecerse las medidas correctoras necesarias. Pese a ser un porcentaje muy pequeño, al final estigmatiza al otro 90% de menores que sí tienen un proyecto migratorio de mejora.

– ¿Qué ocurre, por tanto, con el menor que no se adapta y no para de crear problemas?

– José Ignacio Insausti. Existe la posibilidad del reagrupamiento familiar cuando el joven no se acaba de adaptar y se entiende que va a estar peor aquí que con su familia. Lo que ocurre es que en este proceso nos encontramos con obstáculos que pone continuamente el Gobierno de Marruecos. Cada vez que solicitamos un reagrupamiento familiar, el Consulado marroquí lo deja en el mundo del olvido, cuando incluso nosotros tenemos contacto con las familias. Y esta es una actitud intencionada. Además, está omitiendo la información necesaria para que esas familias sepan que los menores de 16 años aquí no pueden trabajar.

– Cuando llegan estos menores son recogidos en centros de la Diputación. ¿Durante cuánto tiempo?

– José Ignacio Insausti. Hasta los 18 años. Luego pasan al proceso de inserción. El programa foral tiene las siguientes etapas: acogimiento de urgencia, acogimiento básico residencial, es decir, que el menor

ya se queda con nosotros, con un programa de preemancipación, enfocado para el mundo del trabajo, y luego, ya cumplidos los 18 años, el departamento de Política Social les sigue prestando ayuda a través del programa Lortuz. En este momento, el 85% de los que vienen se integran en el sistema.

– Gueye Abdoulaye. Respecto a los menores, hay una normativa y cada cual tiene que cumplirla en lo que le corresponde. Los chavales llegan siendo los únicos dueños de su vida y al ser acogidos deben someterse a la tutela del Estado. Para ellos es un impacto. Y los propios monitores dicen que echan en falta una cierta autoridad para po – ner a cada cual en su sitio. Hay menores a los que les envía su propia familia; pero otros ya han roto los vínculos familiares. Por duro que parezca, vemos chavales que con seis o siete años no tienen relación familiar. Si están ocurriendo situaciones problemáticas en los centros quizá sea porque no se está trabajando adecuadamente desde las instituciones para atajar los problemas. Es verdad que los que causan dificultes son grupos muy reducidos, pero no es menos cierto que dificultades de esta índole saltan cada cierto tiempo. Algo falla. De entrada, el que trabaja con el menor necesita más voz y ser más escuchado: necesita algo más de poder en ese sistema.

- Agustín Unzurrunzaga. Yo creo que en la Diputación hay voluntad para afrontar el problema. Pero me da la impresión de que en algunas cuestiones no acaba de acertar. Algunos de estos menores vienen verdaderamente rotos. Unos, porque han sufrido situaciones inimaginables de violencia y otros, porque llegan con la responsabilidad y la urgencia de encontrar un trabajo que ayude a sus familias. Y, en estas circunstancias, su máxima obsesión es hacerse con papeles lo antes posible.

- José Ignacio Insausti. . Sí, pero al final quien más dificultades les pone es el Gobierno de su país.

- Agustín Unzurrunzaga. Claro. Pero esa ansiedad por los papeles también crea dificultades. Resulta muy difícil convencer a un chaval de 13 años de que debe esperar tres años para tener un trabajo. No lo entiende. Lo que piensa es que le están engañando. Por otra parte, el educador se va a convertir en el padre y la madre del chaval y solo por ello debe ser más valorado y protegido por las instituciones, una valoración que hace referencia al salario, al horario, a la estabilidad, a su formación, etcétera. Yo creo que a la Diputación le merece la pena invertir en un cuerpo de educadores y educadoras lo más estable posible. En la actualidad, en cambio, la rotación de educadores es tan grande que el menor no llega a saber quién es su educador de referencia. Y respecto al tema de la reagrupación, me da la impresión de que hay que estudiarlo bastante más para ver si se trata de algo por el bien del menor o de una expulsión encubierta.

- José Ignacio Insausti. Es que repatriación encubierta no puede ser. Para garantizar un reagrupamiento familiar tienen que darse todos los preceptos que garanticen los derechos del menor. Pero los problemas los pone el Gobierno marroquí. Respecto a los menores rotos, en efecto, el 10% de los que llegan presentan serios problemas, pero ¿tiene que ser la Diputación la única institución que deba posibilitar los medios necesarios en programas educativos – reformativos especiales? Ojo, porque la ley es para todas las instituciones. Y no hay que olvidar que los educadores son eso, educadores, y no colegas ni padres. No podemos ni debemos sustituir a los padres.

- Gueye Abdoulaye. Sí, pero a vosotros os toca asegurar que cada cual cumpla con su cometido.

- José Ignacio Insausti. Por eso, hace año y medio conseguimos establecer un protocolo con la participación de todas las instituciones que tienen algo que decir en este asunto. Pero eso no quiere decir que se empiece a percibir que nuestra función es la de padre y madre.

- Agustín Unzurrunzaga. A mí me preocupa que se haya instalado socialmente una cierta estigmatización, abiertamente xenófoba, hacia los menores. Entre todos tenemos que combatir eso y la Diputación debe ser un elemento clave.

ACTUACIONES

La directiva europea

- ¿Cómo debe regularse la llegada de ‘sin papeles’?, ¿qué les parecen las medidas aprobadas?

- José Ignacio Insausti. Desde la competencia que tiene Diputación, a nosotros lo que nos toca es la protección del menor. Son otras instancias las que deben articular esas medidas de control.

- Gueye Abdoulaye. Las administraciones europeas tienen que basar su acción humana en el Derecho. Los inmigrantes son personas y como tales tienen derechos. ¿Hay que regular? Claro, cualquier estado tiene el deber legal o moral de crear un marco de gestión de la convivencia o el trabajo. Lo que no se puede hacer es crear categorías de subjetividad dentro de un mismo ordenamiento jurídico. No es posible que, en democracia, una persona tenga menos derechos por ser de un país extranjero. Es como si por el hecho de ser ilegal se niega el derecho a ser persona. Sin embargo, ahora Europa pretende recluir en centros de internamiento a personas que no han cometido ningún delito. Y hay países que ni siquiera tienen límite para ese internamiento. ¡En qué mundo vivimos!

- Agustín Unzurrunzaga. Es una directiva que criminaliza la irregularidad, abandona la protección de las personas y presenta graves carencias en el terreno de la libertad personal. E incluso abre la puerta a la posibilidad del internamiento de los menores. Y entre las medidas que contempla, está la ampliación hasta 18 meses del periodo de internamiento. Cierto que algunos países no tienen plazo y la decisión europea pone los límites, pero lo que haría falta es que no hubiera ni plazos ni directiva. En este asunto, el Parlamento está demostrando una escasísima sensibilidad.

– José Ignacio, ¿el fenómeno de la inmigración, y más concretamente el de la inmigración ilegal en Gipuzkoa tiene menor presencia que en otras provincias? ¿Estamos ante la punta de un iceberg?

- En el caso de los menores va adquiriendo cada vez una mayor intensidad. No sé si la llegada de inmigrantes adultos está en una situación de parada, pero no es así la de menores extranjeros. Irán llegando más y tenemos que prepararnos. Por tanto, vamos en aumento, y en un aumento importante.

- Abdoulaye, ¿qué perfil tiene el inmigrante irregular que llega a nuestras costas jugándose la vida?, ¿cuál es su tragedia?

- Cuando se habla de llegar desesperadamente y jugándose la vida se excluye a los inmigrantes que llegan en avión, a un aeropuerto, e inmediatamente pensamos en africanos y asiáticos. El perfil es bastante heterogéneo: gente que efectivamente está en situación desesperada, gente que lo está menos, gente con estudios y gente que no ve otra solución para iniciar un proyecto de vida que montarse en una patera. Y estamos viendo que comienzan a venir mujeres, lo que denota un cambio muy importante en sus sociedades de origen. Hasta hace poco era inimaginable que una mujer iniciara este viaje.

- Agustín, las personas en situación irregular son las víctimas de una situación de injusticia. ¿Quién es el malo de esta tragedia?: ¿la familia que envía al joven a una posible muerte por el único afán de medrar?, ¿el gobierno de su país de origen, encantado de que exista este éxodo?, ¿las mafias de los cayucos y las pateras que les exprimen hasta el aliento?, ¿los gobiernos de destino y sus leyes?, o ¿los empresarios sin escrúpulos que les contratan de forma ilegal por un sueldo miserable?…

- Malos en este terreno hay muchos y está todo muy mezclado. La irregularidad forma parte del proceso migratorio. Tenemos que huir del reduccionismo a que nos tienen acostumbrados los gobiernos, en el sentido de pensar que la inmigración irregular es algo ligado a las mafias. No es cierto del todo. Una parte es eso, pero otra parte se relaciona con el mismo proceso migratorio. Muchas veces, la imposibilidad de migrar de forma regular obliga a que el proyecto migratorio inevitablemente parta de una situación de irregularidad. Incluso el marco normativo es generador de situaciones de irregularidad porque prevé mal el pase de la irregularidad a la regularidad. Por otro lado, la realidad tiene poco que ver con la ficción jurídica de que los inmigrantes tienen que venir con un contrato de trabajo en origen: una parte podrá venir así, pero otra parte no responde a esos mecanismos. O sea, que las costuras se nos rompen por muchos sitios y van a seguir rompiéndose. Por otro lado, el que está en situación irregular es extremadamente vulnerable desde el punto de vista social, porque puede ser expulsado en cualquier momento, porque no puede trabajar legalmente y está sujeto al trabajo en la economía sumergida y en condiciones de explotación. A pesar de ello, es el único procedimiento que le queda para subsistir y para poder acceder a la regularidad a través del procedimiento de arraigo social. Creo que la lucha contra la irregularidad tiene que venir de un cambio en las fórmulas de pase a la regularidad. Porque se ha comprobado que los dos sistemas de tránsito a la regularidad que se están aplicando, es decir, el régimen general y el arraigo social, son insuficientes. Y que los otros dos sistemas, el del arraigo laboral y el de visados de trabajo, sencillamente no funcionan.