G. SANZ

MADRID. El Gobierno no quiere que los inmigrantes firmen un contrato específico para vivir en un país europeo, como propone el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y en la pasada campaña electoral pidió el PP, pero ya condiciona su posición final a lo que decida toda la UE. Ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, midió mucho sus palabras para evitar un «no» rotundo porque, dijo, la prioridad es un acuerdo de todos los Estados, por encima de posturas particulares.

Francia asumirá la Presidencia Europea el 1 de julio próximo y ya ha citado a los ministros de Interior en Cannes tan sólo una semana después, el 7 y 8 de julio, para estudiar medidas que disuadan de la inmigración ilegal. El proyecto francés incluye obligar a los inmigrantes a firmar un contrato de integración a través del cual éstos se comprometerían a aprender el idioma del país y adoptar sus valores.

«No es necesario adicionar elementos que vienen del derecho convencional para la adquisición de nuevos derechos para los inmigrantes», insistió ayer De la Vega. «Pero, dicho esto, estamos hablando con la Unión Europea» – recalcó – y añadió: los elementos del debate sobre la integración de los inmigrantes «hay que verlos al final para tomar medidas razonables». A juicio del Ejecutivo socialista, la única política de inmigración «eficaz» es la suya, basada, según la vicepresidenta, en una «inmigración legal, ordenada, e integradora» de los que llegan a España.