AFP

Las lluvias torrenciales caídas en Italia han provocado graves inundaciones y deslizamientos de tierra. El Gobierno decretó ayer el estado de emergencia en el noroeste del país tras anunciarse la muerte de al menos tres personas. En la fotografía los efectos del temporal en Turín

VERÓNICA BECERRIL

ROMA. «Del dicho al hecho» en Italia hay poco. Una semana ha pasado desde que se presentó el paquete de seguridad del gobierno Berlusconi, que ciudades como Milán ya han empezado a aplicar.

Hoy serán procesados por la vía rápida cuatro inmigrantes clandestinos acusados de varios delitos – como venta de droga, resistencia a la autoridad o robo – pero aplicando el agravante del artículo 61.11 bis, podrían ser expulsados de inmediato. Dicho artículo prevé «el agravante si el hecho es cometido por un sujeto que se encuentra de forma ilegal en el territorio italiano», es decir, un emigrante «sin papeles».

Pero no es la única medida que Milán está cumpliendo. Según varios testigos, la policía está realizando últimamente controles exhaustivos en los medios de transporte de la ciudad pidiendo la documentación a los inmigrantes. La mayoría de los milaneses se muestran encantados de las medidas, porque las ven como «la única solución», según comentan en los debates abiertos en los medios italianos.

A Milán se unirán en breve Roma y Nápoles, que ya cuentan con la aprobación de comisarios especiales que actuarán en materia de seguridad. Estas directrices se insertan en el decreto por el que se concede más poder y autonomía a los alcaldes porque «ellos conocen el territorio y saben cómo afrontar el problema», justificó el líder del Partido de la Libertad ante la Cámara, Fabrizio Cicchitto.

Pero parece ser que estas medidas no son suficientes, según señaló el jefe de policía Antonio Manganelli en su intervención en el Senado, pidiendo «aplicación segura de la pena, porque no es posible que cuando arrestamos a un inmigrante ilegal vemos que ya ha sido detenido tres y cuatro veces en poco tiempo».

Datos alarmantes

Los datos hablan: de los 10.500 inmigrantes clandestinos detenidos desde principios de año, sólo 2.400 van a centros de acogida, el 80 por ciento restante quedan en la calle.

Para paliar el problema, el ministro de Defensa, Ignacio La Russa, recordó ayer que se ha aumentado la pena mínima de muchos delitos y que se van a abrir diez nuevos centros de acogida. Ante el peligro de que se lleve a cabo una «justicia indiscriminada» la Conferencia Episcopal italiana recordó ayer en el comunicado final de su Asamblea Plenaria, que «los inmigrantes son un recurso para la sociedad en la que trabajan, sea cual sea su estatus legal, y es para ellos un derecho que se afronte el problema de la separación familiar, temporal o prolongada».

Al problema de la inmigración clandestina y de la seguridad, se une el de las basuras y la llegada del calor a la región de Nápoles. Ayer Berlusconi viajó hasta esta ciudad para ratificar su apoyo al comisario extraordinario nombrado por él, y expresar a los napolitanos que el Estado no se olvida de ellos. Aunque es difícil de creer viendo las toneladas de basuras por recoger.