Nicolas Sarkozy quiere que Europa demuestre en materia de inmigración la misma firmeza que Francia. La receta es simple, y el presidente francés lleva ya varios años aplicándola – desde que era ministro del Interior-: una política restrictiva con la inmigración legal y mano dura contra la inmigración ilegal. “Europa no tiene los medios para acoger con dignidad a todos aquellos que ven en ella un Eldorado”, se afirma a modo de declaración de principios en un documento, titulado Pacto sobre la inmigración,que París ha enviado a sus socios europeos.

Francia, que el próximo 1 de julio asumirá la presidencia semestral europea, se ha propuesto como principal prioridad de su mandato alcanzar un acuerdo en el seno de la UE sobre una política común de inmigración. El Financial Times desveló ayer algunas de las propuestas del Gobierno francés a este respecto, contenidas en el citado documento, que no son sino la traslación pura y simple de la nueva legislación que ya se aplica en Francia.

Entre las medidas que el Gobierno francés ha presentado a sus socios está la instauración de un “contrato de integración” en el que los inmigrantes se comprometan a aprender la lengua del país de acogida, así como “los valores nacionales y europeos”, entre los que se cita la igualdad entre sexos y la tolerancia religiosa.

Esta obligación ya existe en Francia desde el año 2006, en que se aprobó la penúltima ley de inmigración. La última, aprobada en otoño del año pasado y destinada fundamentalmente a regular las condiciones del reagrupamiento familiar, obliga asimismo a los aspirantes a un permiso de residencia a pasar un examen de francés y, en su caso, a seguir un cursillo – pagado, eso sí, por el Estado francés- en el país de origen. Las autoridades francesas consideran que el conocimiento de la lengua del país de acogida es fundamental para que se produzca una verdadera integración de los inmigrantes .

Junto a esto, el documento propone también reforzar la lucha contra la inmigración clandestina, reforzando los controles de entrada – mediante la implantación rápida y general de los “visados biométricos”- y mejorando los mecanismos de expulsión de los inmigrantes irregulares.

Las principales líneas de este pacto fueron expuestas esta semana por el ministro francés de la Inmigración, Brice Hortefeux, en una entrevista publicada en el diario Libération.La propuesta de París parte del principio de que la gestión de la inmigración legal – al margen de algunas propuestas generales como el citado “contrato de integración”- corresponde a cada país, así como las regularizaciones individuales. En cambio, rechaza de plano la potestad de decidir de forma unilateral regularizaciones masivas como las aprobadas por España e Italia en los últimos años.

La propuesta de pacto pone el acento, en tercer lugar, en el reforzamiento de la agencia europea de protección de las fronteras exteriores; aspira a pactar una definición común del derecho de asilo y, por último, pretende impulsar las políticas de “codesarrollo” en beneficio de los países emisores de emigrantes.

Se da la circunstancia de que Nicolas Sarkozy anunció anteayer en Varsovia que Francia abrirá, precisamente en julio, su mercado de trabajo a los ciudadanos de ocho países del Este – Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia- que ingresaron en la UE en el 2004. A diferencia de otros países europeos, Francia decidió en ese momento posponer la apertura total de su mercado de trabajo, una posibilidad que de acuerdo con los tratados podía haber mantenido hasta el 2009, e incluso el 2011.

España reaccionó ayer con frialdad a la difusión de las propuestas francesas. El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López-Garrido, mostró ciertas reservas a la implantación de un examen de idioma previo para los inmigrantes , por cuanto podría suponer un “obstáculo innecesario” para la inmigración, aunque inmediatamente después admitió la conveniencia de que los inmigrantes aprendan la lengua del país de acogida. “Aprender el idioma es un deber del inmigrante y de la Administración”, dijo López Garrido, lo que en la práctica no parece tan diferente de lo que sostiene el Gobierno francés. Respecto a la firma de un “contrato de integración”, el secretario de Estado evitó juzgarla, aunque desacreditó la propuesta realizada a este respecto durante la última campaña electoral por el presidente del PP, Mariano Rajoy, que se inspiró claramente en la experiencia francesa. En todo caso, López Garrido confirmó que Madrid y París ya están hablando del tema y se han intercambiado documentos.

La inmigración, que en el 2006 provocó serias fricciones entre España y Francia, ha entrado en una vía de entendimiento entre ambos países, tal como subrayaron el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y Nicolas Sarkozy en la última cumbre bilateral, celebrada en París el pasado mes de enero. Los dos mandatarios se comprometieron a trabajar juntos para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y la repatriación de los irregulares. Sarkozy dio por superados los “malentendidos”.