El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer en el Congreso que endurecerá las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales. En su primera comparecencia parlamentaria, centrada en la crisis económica, el ministro intentó convencer a los diputados de que el Gobierno está ‘manos a la obra’ y de que a mediados de 2009 el mercado laboral remontará. Mientras tanto, la oposición encabezada por el PP advirtió de que la situación es muy difícil y de que si las cosas siguen así, 2008 terminará con un millón más de parados
Corbacho anunció que, a partir del próximo julio, su departamento permitirá que los extranjeros puedan capitalizar su prestación de desempleo para «incentivar» y facilitar el retorno voluntario a sus países. Su principal objetivo, dijo, es que los inmigrantes lleguen «de forma legal y con contrato de trabajo» y que, una vez aquí, disfruten «de los mismos derechos y deberes que otros ciudadanos», sin ningún tipo, tampoco, de discriminación positiva si se quedan en paro. El ministerio pondrá en marcha políticas de «legalidad, convivencia e integración», desarrollará medidas para endurecer la inspección y el control de los trabajadores extranjeros, utilizará la contratación en origen y acordará con los agentes sociales «la capacidad de acogida del mercado laboral».
Por otra parte, el ministro anunció que el número de afiliados a la Seguridad Social llegará en mayo a los 19,4 millones de ocupados, lo que significa una «tasa de dependencia» de 2,71 trabajador por cada jubilado, relación que permite mirar al futuro con garantía. Igualmente, comunicó que el fondo de reserva destinado al pago de las pensiones en momentos de declive recibirá en julio una cantidad similar a la aportada en febrero, 4.700 millones de euros. De esta manera, la llamada ‘hucha’ de la Seguridad Social terminará 2008 con más de 56.000 millones, equivalente al pago de nueve mensualidades de pensiones.
Corbacho resaltó que, ante la situación de la economía, «el diálogo social (ámbito de debate y negociación con los agentes sociales) habrá de contemplar las nuevas realidades». Entre los objetivos generales de su departamento para esta legislatura, destacó el de garantizar la protección social de los desempleados y favorecer su rápida inserción, apostar por la calidad del empleo, desarrollar el Estatuto del Autónomo y conseguir un pacto estatal en materia migratoria.
«Inoperante»
Desde la bancada de la oposición, el portavoz del PP, José Ignacio Echaniz, arremetió contra el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Le acusó de mantener una política «inoperante» y de «brazos cruzados» ante la crisis que desde hace meses se vislumbraba y alertó de que si esa actitud se mantiene, el año 2008 terminará con un millón más de parados.
Los representantes de CiU, el PNV y ERC acusaron al Ejecutivo de desarrollar en el ámbito laboral políticas centralistas que impiden el cumplimiento adecuado de los estatutos de autonomía. En este sentido, el ministro lamentó que el País Vasco no tenga aún las políticas activas de empleo y comentó que el hecho no es culpa exclusiva del Gobierno central.