UNO de los objetivos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con respecto al fenómeno de la inmigración, es facilitar el retorno de aquellas personas que quieran volver a sus países de origen. Un derecho que tienen, como también tienen el de permanecer aquí. Por supuesto, estamos hablando de la inmigración legal, de aquellas personas que tienen carta de residencia en España y que, por tanto, gozan de los mismos derechos que un ciudadano español si se exceptúa el de voto, por el momento. El colectivo de extranjeros en España en estas condiciones es de 4,19 millones.

Sin embargo, según un reciente estudio de la Fundació Jaume Bofill, son muy pocos los inmigrantes que tiene la intención de volver a su país, una intención que además disminuye lógicamente cuanto más tiempo llevan aquí. Así, según el mencionado estudio, tan sólo un 10% de ellos estarían dispuestos a volver a su país entre el colectivo que lleva un máximo de 5 años en España. Este porcentaje disminuye a la mitad entre el colectivo que lleva de 5 a 9 años, para descender hasta un 2% cuando llevan más de diez años.

Es decir, a mayor integración, menos voluntad de retorno a su país. En general, los inmigrantes tienen un alto grado de satisfacción de su estancia en España y, aunque aceptan que cuando decidieron emigrar lo hicieron con la firme voluntad de volver, esta disminuye a medida que pasa el tiempo. Una integración que está relacionada, por supuesto, con los derechos de que gozan y sobre todo con la mejor perspectiva de progreso para ellos y para sus hijos. En estas circunstancias, el colectivo más partidario del retorno a sus países de origen es el de las mujeres, especialmente las procedentes de Centroamérica y Sudamérica, que dejaron allí a sus hijos. Entre los menos dispuestos a volver, están los africanos.

La desaceleración económica que sufre España, especialmente en el sector de la construcción, que ha empleado a una parte mayoritaria de la inmigración, afectará sin duda – lo está haciendo ya- a estos colectivos. Como trabajadores que son, tienen los mismos derechos que los trabajadores españoles a las ventajas sociales para las que han estado cotizando con su trabajo. Es precisamente basándose en estos derechos (a la seguridad social, al desempleo, etcétera) que el Gobierno pretende facilitar el retorno con el objetivo de disminuir la presión social sobre determinados colectivos y prevenir los problemas que se pueden originar.

Sin embargo, hay que señalar como muy positivo el alto grado de satisfacción del colectivo inmigrante y la capacidad en ambas partes de integración social. Es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de establecer las políticas de inmigración, incluido el de facilitar el derecho de retorno. Se trata, por lo general, de personas jóvenes y emprendedoras que, si bien suponen una sangría para su país, por la misma razón es un bien para el país que las ha acogido. Está en su derecho volver a su país, pero también lo es quedarse en España.