El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avanzó ayer que endurecerá las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes ilegales. Además, anunció que, a partir del próximo julio, su departamento permitirá que los extranjeros puedan capitalizar su prestación de desempleo para «incentivar» y facilitar el retorno voluntario de los inmigrantes.

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, Corbacho explicó que su principal objetivo es que los inmigrantes entren en España «de forma legal y con contrato de trabajo» y que, una vez aquí, disfruten «de los mismos derechos y deberes que otros ciudadanos».

Por eso, el Ministerio pondrá en marcha políticas de «legalidad, convivencia e integración», desarrollará medidas para endurecer la inspección y el control de los trabajadores extranjeros, utilizará la contratación en origen y acordará con los agentes sociales «la capacidad de acogida del mercado laboral». Recordó que convocará una Conferencia Sectorial de Inmigración porque para gestionar la inmigración hace falta un «esfuerzo conjunto» de todas las administraciones públicas (también de la Femp – Federación Española de Municipios y Provincias – ) y no sólo del diálogo social. En consecuencia, precisó, el Ministerio mejorará la coordinación entre el Estado y las comunidades y desarrollará «las facultades autonómicas estatutarias» para que las regiones participen en las decisiones estatales de inmigración y trabajo.

La primera comparecencia del titular de Trabajo e Inmigración en el Congreso estuvo centrada en la crisis económica. El ministro intentó convencer de que el Gobierno está manos a la obra y de que a mediados de 2009 el mercado laboral remontará.

Aunque al principio de su comparecencia el ministro aplazó los temas relativos a la Seguridad Social para otra sesión, anunció que en mayo el número de afiliados llegará a los 19,4 millones de ocupados, lo que significa una «tasa de dependencia» de 2,71 trabajador por cada jubilado, relación que permite mirar al futuro con garantía.

Contra la siniestralidad

Igualmente comunicó que el fondo de reserva, destinado al pago de las pensiones en momentos de declive económico, recibirá en julio, como es habitual, una cantidad económica similar a la aportada en febrero, es decir de 4.700 millones de euros. De esta manera, la llamada ‘hucha’ de la Seguridad Social terminará 2008 con más de 56.000 millones, dinero que equivale al pago de nueve mensualidades de pensiones.

Por otra parte, Corbacho anunció que su previsión es que el plan de recolocación para parados procedentes de la construcción entre en vigor antes del próximo mes de agosto y que se elevará hasta tres mil el número de inspectores de Trabajo para reducir de «manera significativa» la siniestralidad.