El acuerdo alcanzado por los ejecutivos nacionales de los 27 miembros de la UE para armonizar los procedimientos de repatriación de los inmigrantes ilegales ha de pasar la criba del Parlamento Europeo, que no transigirá con la inseguridad jurídica a que se quiere condenar a estos infortunados. Tras cerca de tres años de debate, el acuerdo logrado el jueves sobre la directiva que armoniza los procedimientos de repatriación de inmigrantes permitirá que éstos permanezcan en centros de internamiento de los países miembros a la espera de su expulsión hasta un máximo de 18 meses. Para mayor escarnio, el último ‘problema’ que todavía frenaba el acuerdo, la obligatoriedad o no de ofrecer asistencia jurídica gratuita a los que carezcan de recursos económicos para financiarla, fue finalmente salvado por el procedimiento de la ambigüedad: podrá o no concederse asistencia «de acuerdo con la legislación nacional».