El nuevo Gobierno italiano, del que forma parte la derecha más xenófoba, ha proclamado una política de mano dura sobre inmigración. La Policía ha practicado masivas y alarmantes redadas, con centenares de detenidos y expulsiones ilegales. El populacho, enardecido por esas declaraciones y hechos, ha asaltado, destrozado y quemado diversos campamentos de inmigrantes, y el ministro Bossi lo ha aprobado, diciendo que “la gente hace lo que no consigue hacer la clase dirigente”.

Ante este gravísimo ataque frontal, oficial, a los más elementales derechos humanos, cuyos efectos amenazan difundirse a toda la Unión Europea, la misma Iglesia italiana ha reclamado que se detengan “los extremismos contra los inmigrantes”. Y el Gobierno español ha cumplido con su obligación, declarando: “No compartimos la política de expulsiones sin respeto a la ley y tampoco las actuaciones que exalten la violencia, el racismo y la xenofobia”. Pero, como la mejor defensa es el ataque, el Gobierno de Berlusconi ha tenido el valor añadido de pretender que ha sido España con su denuncia, y no él mismo quien ha provocado una crisis con su inhumana política de apartheid, cada vez más insostenible y finalmente catastrófica, en un mundo cada día más globalizado.