¿Aprueba que se considere delincuentes a los ‘sin papeles’? NO

La tipificación ilegal de la inmigración irregular con penas de hasta cuatro años de cárcel, y, por tanto, la consideración de «delincuentes» de los sin papeles que pretende el proyecto legislativo italiano, es un auténtico disparate político, jurídico y social. El Derecho penal ni es el remedio para recuperar el tiempo perdido ni la sede adecuada para corregir los tradicionales fracasos de las políticas nacionales e internacionales en materia migratoria.

Este discurso legal al más puro estilo Berlusconi emerge de una situación de crisis o conflicto social, político y de seguridad que genera consecuencias nocivas para la sociedad e incurre en la falacia de pretender ser eficaces, convirtiendo al Derecho penal en un símbolo solucionador de problemas sociales candentes.

Los flujos migratorios se debieron remediar hace mucho tiempo desde la perspectiva de los Derechos Humanos y desde el respeto a la dignidad de las personas. En el balance no sólo deben contar en exclusividad los derechos de los países de destino sino también los derechos de las personas que salen por diferentes causas de sus países.

El derecho a emigrar es un Derecho Humano reconocido en la Convención sobre la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Inmigrantes y sus Familias, sin embargo, los Estados, durante más de 40 años, han cerrado deliberadamente los ojos a este fenómeno internacional de primer orden. Irresponsablemente han ignorado los gritos de alarma de organismos internacionales y de ONG donde se evidenciaban las progresivas diferencias entre países desarrollados y países donde las condiciones miserables de supervivencia eran insoportables. En la actualidad, las causas de la emigración, como la huida del hambre, de la enfermedad y de la falta de trabajo, convierten a los inmigrantes, incluso, en refugiados.

No se trata de recibir emigrantes sin limitación o regulación alguna que contemple su situación, sino de atender y proteger el derecho a emigrar. El fariseísmo de los Estados debe decaer. No se pueden imponer condiciones legales para los inmigrantes de imposible cumplimiento porque se les obliga, lejos de sus intenciones, a permanecer en la clandestinidad. Estas lamentables políticas, al extender a la ciudadanía esa conciencia de ilegalidad y de marginación social, alimentan la intolerancia y la xenofobia. Los ciudadanos debemos aceptar la inmigración como un derecho de todos y necesariamente como el resultado de un mundo universal y globalizado.

No es el momento de punir la inmigración, sino de replantear las fracasadas políticas de cooperación al desarrollo. La pobreza es la principal causa de una inmigración no deseada ni por los que la practican ni por los que la reciben. Y, por otro lado, en el espacio de la Unión Europea es urgente crear políticas de inmigración, ajenas a la criminalización, que afronten con racionalidad este hecho, hoy ya imparable, y que encaren con dignidad la integración social de los emigrantes con proyectos eficaces de trabajo, vivienda, educación, reagrupación familiar o de diálogo intercultural.

La receta de Berlusconi, a base de la creación de campos de concentración, no debe pasar de ser un ilusorio y nefasto ejercicio imaginario de cómo no se debe encarar el fenómeno de los flujos migratorios. Por el contrario, la pregunta que todavía no tiene respuesta es quién elaborará el proyecto de ley que juzgue y sancione a los Estados que sistemáticamente incumplen las políticas que garanticen el derecho a emigrar.

Manuel Ollé Sesé es presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.