¿Aprueba que se considere delincuentes a los ‘sin papeles’? SI

Si lo que cuenta es cómo se sienten los ciudadanos, la iniciativa del Gobierno de centroderecha, presidido por Silvio Berlusconi, sobre seguridad e inmigración parece destinada a dar en el blanco. El primer elemento positivo, y también el más importante, es que se trata de un mensaje políticamente tranquilizador. Un mensaje que proclama que el Estado existe, que quiere hacer sentir su presencia y que está decidido a golpear duramente a todo el que atente contra la legalidad.

Los detalles del proyecto de ley – que la mayoría de los italianos ni siquiera conoce y sobre los que, en cambio, se centran las críticas de los opositores y sobre los que deberá discutir el Parlamento – no cuentan. Lo que realmente cuenta es el signo evidente de una mayor atención al problema que el Gobierno ha conseguido transmitir a la ciudadanía. El efecto es el mismo que el que tuvo entre los neoyorquinos la promesa de tolerancia cero, incluso con los pequeños delincuentes, que les hizo en su día el alcalde Giuliani.

El Gobierno de centroizquierda de Romano Prodi no había conseguido infundir una confianza análoga en los italianos. A pesar de su insistencia en las estadísticas, que testimoniaban la constante disminución de los delitos, los ciudadanos seguían teniendo la percepción de ausencia de las instituciones y de ineficacia de las leyes. En pocas palabras, se sentían inseguros.

El segundo elemento positivo de la iniciativa de Berlusconi es que, haciéndose cargo de su seguridad, el Estado evita que los ciudadanos puedan tomar la justicia por su mano. Thomas Hobbes escribió en el Leviatán (1651): «Cada soberano tiene el mismo derecho, al velar por la seguridad de su pueblo, que puede tener cualquier hombre en particular, al garantizar la seguridad de su propio cuerpo. Y la misma ley que dicta a los hombres que carecen de gobernación civil lo que deben hacer y lo que deben evitar uno respecto al otro, señala análogos dictados a los Estados».

La percepción de ausencia de las instituciones y de ineficacia de las leyes – que era la psicológica condición en la que se encontraban los hombres «que carecen de gobernación civil» de la que hablaba Hobbes – había generado, sobre todo entre los ciudadanos del norte del país, la tentación de procurarse su propia seguridad, con la puesta en marcha de rondas privadas y de otras medidas preventivas y represivas para proteger a los barrios más expuestos a la criminalidad.

El inmigrante, por ser diferente, corre el riesgo de ser considerado como un enemigo contra el que hay que luchar. De ahí que la legítima preocupación por la seguridad que sentían los ciudadanos italianos amenazaba con traducirse en xenofobia y en racismo. El proyecto gubernamental es, pues, a su manera, una forma de tutelar también a los inmigrantes legalmente integrados en la sociedad civil y respetuosos con las leyes.

Ahora, se trata de pasar de las promesas a los hechos. El nudo gordiano que tendrá que desatar el Parlamento es el del delito de clandestinidad. Un delito aplicable, una vez aprobada la ley, al que entre clandestinamente en Italia, pero que no puede ser aplicado a los clandestinos que ya estén en el territorio, porque la ley penal no es retroactiva.

De hecho, según la Constitución, «nadie puede ser castigado de acuerdo a una ley que haya entrado en vigor antes del hecho cometido». Además, el delito tampoco puede afectar a los ciudadanos comunitarios que gozan de libertad de circulación en el seno de la UE.

Es, pues, en la concreta aplicabilidad de las normas sobre seguridad e inmigración donde el Gobierno de Berlusconi se jugará su credibilidad. Pero, por ahora, su éxito es innegable.

Piero Ostellino es periodista del diario italiano Corriere della Sera