La respuesta al fenómeno de la inmigración ilegal requiere una dosis notable de racionalidad y sentido común. No es aceptable la doctrina buenista del «papeles para todos» porque genera un «efecto llamada» susceptible de provocar alteraciones de la convivencia social. Tampoco hay que caer en el extremo opuesto. Berlusconi cuyo ministro de Exteriores asegura que España terminará por seguir el modelo italiano no acierta cuando busca soluciones de tipo penal para atajar un problema mucho más complejo. Criminalizar a los inmigrantes ilegales es una medida más aparente que eficaz. Sería mucho más positivo perseguir con rigor a las mafias que trafican con seres humanos y contribuir a la cooperación en el seno de la UE, que ayer consiguió establecer criterios comunes para regular el retorno de los inmigrantes. Una política inteligente exige prevenir las causas de los problemas y no sólo tapar los síntomas con decisiones impactantes y bajo la amenaza de sanciones, inútiles para detener uno de los grandes retos que plantea el siglo XXI.