El acuerdo alcanzado ayer por la UE para armonizar las legislaciones nacionales contra la inmigración ilegal certifica el endurecimiento de la política comunitaria no sólo en el imprescindible combate contra las mafias que trafican con seres humanos, sino también en el tratamiento de los extranjeros sin papeles sometidos por su propia condición a una fuerte indefensión. Así lo evidencia la aprobación de la polémica norma que permitirá prolongar el período de detención de los indocumentados hasta 18 meses, como paso previo a su repatriación forzosa. El argumento esgrimido por los países con un entramado legal más garantista, como España, sobre la relevancia que tendrá la nueva directiva para acotar la discrecionalidad de los Estados que no imponen límite legal a la retención no puede obviar que en la mayoría de la Unión los plazos son hoy inferiores. Ni tampoco que la normativa se refrenda condicionada por los criterios más restrictivos de potencias como Alemania o Francia y, especialmente, por el proyecto del Gobierno italiano que convierte en delito penal la inmigración ilegal.
La advertencia del Ejecutivo de Berlusconi de que no cederá ante las presiones para modular su iniciativa revela la fragilidad a la que puede enfrentarse la coordinación de las políticas en una materia tan sensible si algunos de sus firmantes persisten en su voluntad de despojar de derechos a los indocumentados. Un paso que agrava las contradicciones de una UE cuyo necesario combate contra la inmigración ilegal está empezando a cuestionar los principios fundacionales de su acción política.