BEATRIZ NAVARRO – Bruselas. Corresponsal

BAJA COBERTURA LEGAL La directiva no obliga a dar asistencia jurídica gratuita al inmigrante

LÍMITES DE APLICACIÓN Las reformas no afectarán a los inmigrantes rescatados en pateras
Los gobiernos europeos lanzaron ayer un aviso para navegantes en forma de directiva: las leyes para combatir la inmigración ilegal van camino de endurecerse en la Unión Europea. Una mayoría de países, entre ellos España, apoyó aumentar el periodo máximo de retención de inmigrantes en situación irregular hasta 18 meses, plazo que supera el periodo máximo previsto por las legislaciones de 15 países de la Unión.

Al mismo tiempo, supone una mejora respecto a la situación actual en otros nueve países, entre ellos Holanda o Suecia, donde los inmigrantes ilegales pueden estar retenidos de forma indefinida. La directiva de retorno, conocida por las asociaciones de defensa de los derechos humanos como directiva de la vergüenza por algunas de las prácticas que establece, representa el segundo gran pacto europeo en materia migratoria, tras la directiva sobre refugiados del 2003.

“Nuestros ciudadanos sólo aceptarán propuestas para regular la inmigración legal si dejamos claro que todo aquel que reside ilegalmente en la UE debe irse”, afirma el eurodiputado conservador alemán Manfred Weber, ponente de la directiva en el Parlamento Europeo, institución que por primera vez interviene en la aprobación de una norma de Justicia e Interior de tal alcance y con la que los gobiernos europeos han marcado cuidadosamente los límites del texto.

Tras tres años de debate, los embajadores europeos pactaron ayer la redacción final de la directiva con un posible punto de fricción respecto al acuerdo alcanzado previamente con el Parlamento Europeo: el beneficio de la asistencia gratuita jurídica para los inmigrantes. Las reticencias de Alemania y Austria – por cuestiones económicas- y Grecia – porque su legislación no recoge este derecho ni para sus propios nacionales- llevaron a los gobiernos a indicar que esta asistencia “puede” ser gratuita y no “debe”, como pide el Parlamento.

La propuesta original, elaborada por el actual ministro de Exteriores italiano y hasta hace poco comisario europeo Franco Frattini, preveía un periodo máximo de retención de seis meses. Tras los debates, puede ampliarse por 12 meses más. es decir, un total de 18. Varios países europeos prevén actualmente la retención de inmigrantes irregulares sin límite temporal, mientras que Letonia tiene un plazo de 20 meses y Alemania de 18. El resto de los países prevé periodos inferiores.

Los plazos más cortos aparecen en el sur: tres meses en Portugal, dos meses en Italia, 40 días en España o 30 días en Francia, según datos del Consejo correspondientes al 2004. La aprobación de esta directiva no obliga a estos países a ampliar este periodo, pero consagra el margen legal para hacerlo en toda la UE. España ha anunciado que ampliará el límite actual de 40 días.

La directiva se aplicará a los inmigrantes instalados irregularmente en la UE procedentes de países con los que hay acuerdos de readmisión, pero no afectará a aquellos rescatados en pateras. El texto abre la puerta al internamiento de menores en centros especiales, con acceso al “desarrollo de actividades lúdicas” y a educación, aunque su escolarización no retrasará la expulsión, como pedía Francia. Además, cuando un inmigrante haya sido expulsado, no podrá volver a poner un pie en todo el territorio de la UE durante cinco años.

La directiva será sometida al voto del Parlamento Europeo en junio y, de ser aprobada, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior la refrendará ese mismo mes. Sin embargo, no se descarta que, ante las críticas recibidas, la Eurocámara pida finalmente un examen en profundidad que retrasaría la aprobación del texto.