Europa no quiere inmigrantes irregulares y está dispuesta a pagar para que vuelvan a sus países. Pero si no se acogen al retorno voluntario, serán repatriados de todas formas. Francia lo dejó claro ayer en la jornada de clausura de la conferencia de Burkina Faso, cuyas conclusiones recogen la creación de un fondo para financiar las expulsiones.

La propuesta de Francia, que ha encabezado la línea dura de la reunión euroafricana, es que Europa ofrezca a los inmigrantes irregulares la oportunidad de retornar a sus países de origen de forma voluntaria y pagada en el caso francés la dotación va de los 1.300 a los 7.000 euros – antes de devolverlos de manera forzosa si no aceptan.
La delegación francesa fue contundente: o se van de forma voluntaria o serán repatriados, no habrá más opciones. Los países africanos asumen que la formula de la «expulsión pagada» es una salida razonable para que los inmigrantes no se vean obligados a regresar sin recursos y con la sensación de haber fracasado en su búsqueda de una vida mejor.

«Siempre que sea una decisión personal no nos parece una medida negativa», señaló el director de Migraciones de la CDAO, Sanoh NFaly, «porque puede contribuir al desarrollo de los países de origen si se acompaña de dotación económica, además de aprovechar la experiencia que el inmigrante haya adquirido fuera». En todo caso, N Faly hizo hincapié que cuando el retorno sea forzoso, debe estar presidido por un escrupuloso respeto de los derechos humanos. «Los países de origen damos la máxima importancia a ese punto», expuso.

Las conclusiones de Burkina Faso no suponen acuerdo oficial alguno entre los países europeos y africanos, aunque sí recogen una serie de propuestas derivadas de los tres días de debate que serán elevadas para a la II Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Inmigración y Desarrollo que se celebrará en octubre en París.
En documento final recoge la creación de un fondo internacional europeo para financiar los retornos, sin concretar cuantía. Durante el año 2006, Francia se gastó 8 millones de euros entre retornos voluntarios (5.000) y devoluciones forzosas (6.000), aunque el objetivo es que a corto plazo el regreso voluntario supere a las repatriaciones obligatorias.

Reino Unido propuso que las medidas vayan más allá de una dotación económica y se extiendan a un seguimiento de la reintegración social del inmigrante en su país de origen, para evitar que vuelvan a dar el salto hacia Europa.

Las pruebas de ADN

Las conclusiones de Burkina Faso abren la puerta a la posibilidad de establecer pruebas de ADN obligatorias para evitar fraudes cuando se aplique la reagrupación familiar. Los países africanos no pusieron especial objeción a esta medida que reclama Occidente.