El Gobierno español transmitió ayer al italiano su “preocupación” por el paquete de medidas aprobado por el Gabinete del primer ministro Silvio Berlusconi para endurecer su política migratoria, y que incluye la tipificación de la inmigración ilegal como un delito castigado con penas de cárcel. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, hizo público en presencia de su homólogo italiano, Andrea Ronchi, su “respeto” hacia las decisiones de las autoridades del país transalpino, pero también su desacuerdo con una decisión que “afecta a otros países del entorno, a donde pueden desviarse flujos migratorios”.

Tras reunirse en Madrid con el ministro de Política Comunitaria de Italia, que es miembro del partido italiano Alianza Nacional, López Garrido admitió que España e Italia tienen una discrepancia “de fondo” en torno a la política migratoria. La reciente decisión de Berlusconi, que antes de entrar en vigor debe recibir el plácet del Parlamento italiano, “puede derivar flujos migratorios de forma desproporcionada no sólo a España, sino a cualquier otro lugar de Schengen”, señaló el alto cargo español.

En un tono siempre respetuoso hacia su invitado, el secretario de Estado para la UE subrayó que la existencia del espacio Schengen de libre circulación obliga a los países miembros a avanzar hacia políticas comunes. La decisión del Gobierno italiano, sin embargo, “no nos parece la vía que debe seguirse” para solucionar los conflictos migratorios ni para avanzar en ese espacio común. López Garrido fue aún más severo en sus palabras y consideró “ilusorio pensar que un país pueda resolver solo el problema de la inmigración”, que por afectar a toda Europa “sólo puede ser abordado por el conjunto de la UE”.

López Garrido desvinculó el giro en la política italiana de la decisión que adoptó en 2005 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de regularizar a unos 800.000 inmigrantes que se encontraban en situación ilegal, pese a las críticas de otros países como Francia. Entonces, explicó, el Gobierno tomó “una medida que en absoluto podía afectar a ningún otro país europeo, porque era regularizar para que los inmigrantes se quedaran en España”. “En este caso sí que afecta a otros países del entorno, a donde pueden desviarse flujos migratorios”, insistió.

Su homólogo italiano defendió las decisiones de su Gobierno por la necesidad de afrontar una “gran emergencia de seguridad”. Resaltó que los europeos deben entender que “Italia ha cambiado de registro” y de “cultura” política hacia el fenómeno migratorio. El nuevo Ejecutivo quiere “que quien venga a Italia respete nuestra cultura, nuestra religión, nuestra esencia italiana, y nuestras normas de convivencia civil. Quien no entienda esto, no podrá estar en Italia”, avisó.

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