El acuerdo alcanzado ayer por la UE para armonizar las legislaciones nacionales contra la inmigración ilegal certifica el endurecimiento de la política comunitaria no sólo en el imprescindible combate contra las mafias que trafican con seres humanos, sino también en el tratamiento de los extranjeros sin papeles sometidos por su propia condición a una fuerte indefensión. Así lo evidencia la aprobación de la polémica norma que permitirá prolongar el periodo de detención de los indocumentados hasta 18 meses, como paso previo a su repatriación forzosa.

El argumento esgrimido por los países con un entramado legal más garantista, como España, sobre la relevancia que tendrá la nueva directiva para acotar la discrecionalidad de los Estados que no imponen límite legal a la retención no puede obviar que en la mayoría de la Unión los plazos son hoy inferiores. Ni tampoco que la normativa se refrenda condicionada por los criterios más restrictivos de potencias como Alemania o Francia y, especialmente, por el proyecto del Gobierno italiano que convierte en delito penal la inmigración ilegal.

La advertencia del Ejecutivo de Berlusconi de que no cederá ante las presiones para que module su iniciativa revela la fragilidad a la que puede enfrentarse la coordinación de las políticas en una materia tan sensible si algunos de sus firmantes persisten en su voluntad de despojar de derechos a los indocumentados. Porque el problema básico que plantea la normativa italiana no es, como subrayó ayer el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, el notable incremento de los flujos migratorios que se pueden registrar hacia países vecinos como el nuestro, donde ha primado la integración ordenada de los extranjeros. El paso dado por Berlusconi agrava las contradicciones de una UE cuyo necesario combate contra la inmigración ilegal está empezando a cuestionar los principios fundacionales de su acción política.

Coincidiendo en el tiempo con el citado acuerdo de la UE, el INE hizo públicos los datos de una encuesta que ha elaborado y que indica que dos millones de hogares españoles, el 15% del total, albergan al menos un inmigrante. Uno de cada cuatro de entre los casados lo está con un español o española, y el 86% confía en poder traer algún día a sus familiares a vivir con ellos. Cifras todas ellas que muestran la magnitud de un fenómeno ante el que las contradicciones de la política comunitaria quedan aún más en evidencia.