Respeta que Roma considere delincuentes a los «sin papeles», pero cree que tenía que?haber dialogado con la UE

Considera que son desproporcionadas y teme que los flujos migratorios se desvíen hacia territorio español

Respeta que Roma considere delincuentes a los «sin papeles», pero cree que tenía que?haber dialogado con la UE

El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, expresó ayer a su homólogo italiano, Andrea Ronchi, el rechazo del Gobierno español a la medida de convertir en delito la inmigración ilegal, por el temor a que puedan «desviarse flujos migratorios» a España y a otros países vecinos y por considerarla «desproporcionada», con lo quedan patentes las divergencias entre ambos países en esa materia.

El ministro de Política Comunitaria italiano viajó ayer a Madrid para explicar las acciones aprobadas por el Gobierno de Silvio Berlusconi contra la inmigración clandestina, después de las críticas vertidas la semana pasada por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en el sentido de que criminalizarán la inmigración ilegal.

López Garrido, en una rueda de prensa con Ronchi, expresó el respeto a las medidas adoptadas por el Ejecutivo italiano para poner coto a los inmigrantes clandestinos. No obstante, hizo hincapié en que no contribuye a la política común europea y en que este tipo de acciones deberían ser «dialogadas y reflexionadas» con los demás países de la UE.

Ronchi justificó las medidas aprobadas el miércoles en Italia con la «situación de emergencia» y de inseguridad que vive su país y que «la UE tiene que entender». También las enmarcó en la idea de Berlusconi de que en Italia tengan sitio solo quienes respeten su «cultura, religión y reglas de convivencia». «Quien no comparta esto, no puede estar en Italia, sobre todo aquellos que delincan», advirtió.

A pesar de que López Garrido puso de relieve los amplios puntos de acuerdo sobre política migratoria, admitió que la polémica medida «afecta claramente» a España y a otros países del entorno. A su juicio, considerar delincuente a un inmigrante irregular no es «proporcionado» y «no es la mejor vía» para resolver el problema.

López Garrido resaltó que el Gobierno italiano tiene «toda la legitimidad» para adoptar acciones contra la inseguridad, pero hizo un llamamiento colectivo a no actuar de forma «irreflexiva» e individual en esta materia.

Ronchi, de la ex neofascista Alianza Nacional, explicó que su país «ha cambiado de registro político y cultural» desde el regreso al poder de Berlusconi con el fin de que Italia deje de ser «la puerta giratoria del Mediterráneo» para la entrada de extranjeros irregulares. «No se trata de equiparar inmigración y delincuencia, sino de que la ilegalidad no se puede consentir. Estamos tratando de recuperar el control», dijo. Tras negar que su Ejecutivo ampare conductas racistas, aseguró que será inflexible con quienes pongan en riesgo la seguridad del país. A su entender, las medidas italianas están «en sintonía» con la UE.

López Garrido dijo que España también es implacable en la lucha contra la inmigración clandestina, pero subrayó la obligación de respetar la ley y de contar con los países de origen.