ROSSEND DOMÈNECH
NÁPOLES

Italia pasa página en materia de inmigración y seguridad. Tal vez. El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer en Nápoles la introducción por primera vez en Europa del delito de ser inmigrante sin papeles, tal como pedía la ultra Liga Norte, principal aliado de la coalición conservadora italiana.
Berlusconi cumplió con la promesa electoral de hacer su primer Consejo de Ministros, que duró más de cuatro horas, en Nápoles, donde en los últimos días fueron atacados varios campamentos de gitanos.
La minoría progresista y centrista calificó la decisión de “ineficaz y contraproducente”, al tiempo que anunció “una dura batalla en el Parlamento”, donde el centroderecha cuenta con la mayoría absoluta. La Iglesia católica consideró estas medidas “un error”, ya que, según el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo. Para Berlusconi, en cambio, “un Estado democrático debe garantizar a los ciudadanos el derecho a no tener miedo”.

APROBACIÓN EN EL PARLAMENTO
Las medidas, incluidas en un decreto de ley de inmediata aplicación y en un anteproyecto de ley que será presentado a finales de julio para la aprobación del Parlamento, obligarán a arrestar a los sin papeles que sean descubiertos, ampliando el problema de la superpoblación de las prisiones del país. Se trata de unas 600.000 personas. El extranjero clandestino que, además, cometa algún delito y sea descubierto, será castigado con el aumento de un tercio de la pena prevista por la ley por el delito que haya cometido.
Al propietario de un piso alquilado a un sin papeles le será confiscada la casa y quienes envíen a sus hijos a pedir limosna, lo que es habitual entre los gitanos, serán privados de la patria potestad. Las bodas entre un extracomunitario y un italiano, generalmente un anciano o anciana, serán investigadas y, en el caso de que se descubra que se trata de uno de los llamados matrimonios de conveniencia, la concesión de la nacionalidad no será automática.

AVISO DE DI PIETRO
El Gobierno no ha explicado los detalles de las nuevas medidas, que en apariencia supondrán el arresto inmediato de quienes lleguen en pateras y barcas y su inmediato encarcelamiento, en lugar de la expulsión como sucede en otros países. “Pues, ya pueden contabilizar a 600.000 huidos de la justicia”, comentó el exmagistrado Antonio Di Pietro, líder del partido centrista Italia de los Valores (IVD). “Se trata de un sistema ineficaz”, añadió Pierferdinando Casini, del moderado UDC. “Ineficaz y contraproducente”, subrayó el progresista Partido Democrático (PD).
Las nuevas disposiciones contemplan que, para la reunificación en Italia de los familiares de un extracomunitario, se realice una prueba de ADN para verificar si realmente se trata de un familiar directo. Para el envío de dinero al extranjero, el administrador de la agencia intermediaria deberá sacar fotocopia de un documento del interesado.
El inmigrante sin papeles descubierto ingresará en un centro de identificación, en el que podrá permanecer hasta 18 meses, período máximo indicado por la Unión Europea. Las penas de cárcel serán de entre seis meses y cuatro años. Las mercancías que los inmigrantes sin regularizar suelen vender por las calles podrán ser destruidas inmediatamente, sin esperar a que se celebre proceso alguno del interesado.

CONTRA LA MAFIA
El decreto y los anteproyectos endurecen otros delitos no relacionados con la inmigración, principalmente los de tipo mafioso, que simplifican la posibilidad de incautar las propiedades de los mafiosos y transferirlos a las instituciones para servicios dirigidos a la sociedad. Por ejemplo, en los casos en que el bien incautado esté a nombre de un menor, familiar del mafioso, o que el mafioso haya muerto.
También aumentan las penas para los que conduzcan en estado de embriaguez y quien robe o engañe a las personas ancianas. En el caso de ciudadanos de los países de la Unión Europea, estos podrán permanecer en Italia durante tres meses, transcurridos los cuales deberán demostrar que cuentan con una renta suficiente y un domicilio real. “Una barraca o un cueva no serán válidas”, puntualizó el nuevo ministro del Interior, Roberto Maroni. El ministro consideró ayer que las nuevas medidas respetan las normas de la Unión y que “carecen de fundamento” las acusaciones formuladas contra Italia en los últimos días.
España ha sido uno de los países más beligerantes con la política migratoria de Berlusconi y el enfrentamiento entre ambos Ejecutivos se remonta a hace casi una semana. Por ello, el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, tiene previsto recibir hoy al ministro de Políticas Comunitarias italiano, Andrea Ronchi, para abordar el candente tema, después de la controvertida medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros de Berlusconi. Tendrán de qué hablar porque las novedades italianas chocan, según Exteriores, “con la necesidad de una política común europea” en el ámbito de la inmigración.

ARMONIZAR LA POLÍTICA
En este ambiente, los Veintisiete tienen previsto hoy dar el visto bueno a una directiva que fija reglas comunes para la la expulsión de los 12 millones de personas indocumentadas dentro de las fronteras de la UE. Oenegés españolas han pedido a Zapatero que interceda ante la UE para promover una condena a Italia porque “viola los derechos humanos”.
La sección italiana del alto comisionado de la ONU para los refugiados considera que la medida del Gobierno “amenaza las garantías fundamentales que conciernen al derecho de asilo”. El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, fue tajante al decir que “las detenciones se pueden practicar contra los delincuentes pero no contra los inmigrantes”.