nápoles. El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, dio ayer el pistoletazo de salida de su Gobierno con la aprobación de un “paquete de seguridad” con medidas contra la criminalidad y la inmigración ilegal que, entre otras normas, prevé la definición de la inmigración clandestina como delito.

Así lo confirmó el ministro del Interior, Roberto Maroni, después del primer consejo de ministros, que fue el primero de la legislatura y se desarrolló en la ciudad meridional de Nápoles, donde Berlusconi quiso demostrar su compromiso para solucionar la crisis de las basuras que atraviesa la ciudad.

Maroni explicó que junto a esta medida se prevé el juicio y la expulsión rápida de los inmigrantes sin papeles. Finalmente, el Gobierno decidió incluirlo dentro de un diseño de ley que será debatido en el Parlamento con carácter preferencial. El objetivo del Gobierno es aprobarlo definitivamente en dos meses.

Tanto la Iglesia como los partidos de la oposición el Partido Democrático (PD), La Unión de Centro (UdC) e Italia de los Valores (IdV) ya se han manifestado en contra de esta polémica medida, aunque Berlusconi no debería tener demasiados problemas para aprobarla, teniendo en cuenta la amplia mayoría con que cuenta en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de los Diputados.

El Ejecutivo de centro-derecha también aprobó un decreto ley de inmediata aplicación por el que se agravan las penas a los sin papeles que delinquen al tiempo que se reducen los requisitos para expulsarlos. Si para ello antes era necesaria la condena a diez años de cárcel, ahora sólo serán necesarios dos. Asimismo, se restringirá a 18 meses el límite de permanencia en los Centros de Permanencia Temporal.

Fue rechazada, en cambio, la propuesta para que el Ejército ayude a la Policía a patrullar las áreas más peligrosas de las ciudades y que había sido avanzada en los últimos días en los medios de comunicación.

El Gobierno también aprobó normas más restrictivas para la libre circulación de los ciudadanos comunitarios, que no podrán residir en Italia si antes no demuestran que son capaces de mantenerse y mantener a sus familias.

El paquete de medidas también impone restricciones a la reagrupación familiar, para la que se exigirá la prueba del ADN. Asimismo, se quitará la potestad a los padres que utilicen a sus hijos para la mendicidad.

Maroni insistió en que estas medidas se basan en el “total respeto de las directivas europeas”, por lo que “las acusaciones que se nos han dirigido en los últimos días carecen de fundamento”. Por su parte, Berlusconi destacó que la obligación de su Gobierno es dar una respuesta al “miedo que tienen los ciudadanos” ante el aumento de la criminalidad. >agencias