Berlusconi se puso poético ayer mientras sobre la crisis de las basuras de Nápoles planeaba la misma política de mano dura que el nuevo Gobierno de centroderecha italiano aplicará a la inmigración clandestina. “Queremos volver a tener flores en lugar de basura”, sentenció il Cavaliere al concluir su primer Consejo de Ministros operativo, que se ha celebrado en Nápoles con voluntad simbólica. La urbe partenopea, lluviosa y libre de malos olores, albergó ayer también la aprobación del controvertido paquete de medidas de seguridad del nuevo Ejecutivo, en el que despuntan dos disposiciones que dan y darán mucho que hablar.

Una, integrada en un proyecto de ley y por tanto pendiente de trámite parlamentario, es la creación del delito de inmigración clandestina, sobre el que se lleva porfiando toda una semana. La otra, que figura en un decreto ley previsiblemente en vigor en julio, es el carácter agravante que adquirirá la inmigración ilegal en caso de condena por delincuencia. Dicho de otro modo: si un inmigrante clandestino es condenado por delinquir, la pena impuesta se incrementará en un tercio.

Más medidas previstas en textos de distinto rango: un extranjero condenado a una pena superior a dos años de cárcel será expulsado, cuando hasta ahora el límite era de diez años. Además, quien alquile un piso a un inmigrante clandestino puede ser castigado con penas de seis meses a tres años de cárcel y multas de 10.000 a 150.000 euros. Y, en caso de reagrupación familiar, se hará el test del ADN para comprobar que los parientes del extranjero residente son realmente de su familia. En el proyecto de ley figura la ampliación de la reclusión temporal de inmigrantes sin papeles en centros ad hoc de los dos meses actuales a 18.

“No existe un solo modo de resolver problemas, pero nosotros estamos dispuestos a optar por decisiones dolorosas y difíciles con firmeza y determinación”, proclamó Berlusconi, hablando esta vez de los desperdicios que aún jalonan los barrios periféricos de Nápoles y que amenazan con regresar al centro al irse de nuevo a Roma il Cavaliere y sus ministros. La política al respecto será férrea: habrá penas severas para quien entorpezca la gestión de los residuos en la región de Campania y los vertederos tendrán rango de “área de interés estratégico nacional”, vigilados por las fuerzas del orden y, en caso necesario, por el ejército. Todo ello figura en un decreto ley sobre residuos que prevé penas relevantes: entre tres meses y un año de cárcel para quien entre en un vertedero o impida la descarga de basuras, y entre uno y cinco años para los promotores de protestas contra vertederos.

De hecho, el Gobierno piensa mantener en secreto la lista de los nuevos vertederos para evitar que las poblaciones cercanas monten en cólera. “Esos municipios recibirán compensaciones”, prometió Berlusconi, quien nombró ayer a un subsecretario de Presidencia del Gobierno dedicado explícitamente a la crisis de los desechos. Será Guido Bertolaso, que heredará así la tarea del comisario extraordinario Gianni De Gennaro, cuyo mandato concluye el 26 de mayo.

Berlusconi quiere cuatro incineradoras en Campania. Una ya existe; se halla en Acerra, pero no funcionaba por un proceso judicial contra la concesionaria, lo cual ha obligado a un nuevo concurso público. Otra está incompleta, la tercera se encuentra pendiente de adjudicación de las obras, y para la cuarta el Gobierno pide a las autoridades locales que sugieran ubicación antes de 30 días. Il Cavaliere aspira a liquidar la emergencia de la inmundicia en dos años y medio.