El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez (Álora, Málaga, 1969) planteó ayer en Ceuta la necesidad de someter a una reforma la Ley de Extranjería para luchar contra las bandas organizadas que trafican con personas. Propuso un proceso de regularización «automática» para los inmigrantes ilegales que colaboren en la investigación policial sobre las mafias que operan en España. Una «contraprestación» en forma de beneficio administrativo a los extranjeros irregulares para saber «aunque suene utópico» quién está detrás de la trata de migrantes.

El reconocido jurista realizó ayer esta propuesta al término de su conferencia ‘Tratamiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional: análisis de la última reforma legislativa’, que ofreció en el marco del curso sobre el Tráfico Ilegal de personas organizado por la Uned.

Vista «la ineficacia absoluta» de las medidas de la Unión Europea para evitar el tráfico de personas «porque el delito crece», Gómez Bermúdez defendió la tesis de que los jueces españoles puedan investigar más allá del territorio nacional mediante la aplicación del Principio de Justicia Penal Universal. Eso sí, sin que España llegue a convertirse en el «gendarme europeo» contra la inmigración irregular. Más que nada porque Alemania e Inglaterra ya siguen políticas más duras en este sentido.

El juez explicó cómo funciona la Ley Orgánica 13/2007 y qué beneficios ofrece esta normativa que nació inspirándose en las pateras y cayucos que se interceptan en aguas internacionales y que ha supuesto «un avance muy importante» porque su reforma «demuestra el interés del legislador por perseguir a las mafias».

Y es que aunque no se llegue a juzgar a los autores de los delitos, «reduce espacios de impunidad a nivel mundial, ya que con órdenes de búsqueda y captura internacional se logra que las mafias se enclaustren en los países donde operan, generalmente pobres». Bajo este prisma, La ley permite a la Justicia española enjuiciar estos delitos en supuestos como aquellos en los que se trata a las personas de una forma inhumana», zanjó el jurista antes de aclarar que no considera delito la inmigración ilegal en si misma.