Europa está dispuesta a frenar la inmigración irregular «con determinación y sin complejos». El control fronterizo, la acción policial y las devoluciones ganan peso ante una posible explosión migratoria por el hambre. El endurecimiento del discurso europeo ha creado malestar entre los países africanos.

La conferencia sobre inmigración irregular que se celebra estos días en Burkina Faso, previa a la cumbre ministerial de octubre en París, ha abierto nuevas fisuras en el diálogo euroafricano. Nadie cuestiona la necesidad de impulsar la acción conjunta y la colaboración, pero la coincidencia es menor cuando se trata de buscar soluciones.

Europa apuesta por mayor control y África pide que se ataje la inmigración actuando sobre las causas que la provocan. La preocupante expansión del hambre a lo largo y ancho del continente por la subida del precio de los alimentos se ha convertido en un factor de tensión añadido: todos asumen – abiertamente o de forma oficiosa – que la crisis puede generar una gran oleada migratoria hacia Europa.

Fueron las delegaciones de Francia y Marruecos las que lanzaron la voz de alarma en la primera jornada de la conferencia, con el aviso de que si no se toman medidas urgentes la inmigración puede desbocarse. La posición europea es clara: las ayudas al desarrollo y el impulso a la economía de los países emisores de inmigrantes pueden ser soluciones a largo plazo, pero mientras hay que impedir que lleguen irregulares o en su caso, devolverlos sistemáticamente.

Lo resumía en su intervención el consejero del ministerio de Asuntos Exteriores español para África y Oriente Próximo, Pedro Martínez, a la hora de describir la decidida voluntad europea de poner fin al fenómeno: «Vamos a luchar contra la inmigración irregular con determinación y sin complejos».

El endurecimiento del discurso de Europa ha generado una corriente de malestar entre las delegaciones africanas, que ya venían a la conferencia de Burkina Faso molestas por la nueva directiva de inmigración que quiere sacar adelante la Unión Europea y por la actitud de Italia, que quiere convertir la inmigración irregular en delito.

El consejero del ministerio de Inmigración, Integración e Identidad Nacional de Francia, Patrick Stefanini, echó un capote al Gobierno de Berlusconi, aunque con matices. «En Francia ya es delito, no supone novedad», expuso, «pero no se puede tratar a los inmigrantes como a otros delincuentes porque es un fenómeno distinto, vienen huyendo de unas condiciones de vida durísimas».

El representante francés fue contundente sobre la necesidad de aplicar una política firme de devoluciones, exista o no convenio con el país de origen. «La readmisión es un principio del derecho internacional, por el que todos los países se responsabilizan de recuperar a sus naturales en caso de inmigración irregular», recordó.

Precisamente ayer el Gobierno conservador de Silvio Berlusconi aprobó que la inmigración irregular sea un delito en Italia. La decisión fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros del nuevo Gabinete de Berlusconi, celebrado en la ciudad de Nápoles y que duró cuatro horas. La tipificación como delito de la inmigración ilegal será recogida en un proyecto de ley, que se remitirá al Parlamento, mientras que otras medidas de lucha contra la inmigración ilegal y consideradas urgentes han sido incluidas en un decreto ley.