Berlusconi ya está aquí. Ayer celebró en Nápoles su primer Consejo de Ministros, que abre cinco años de legislatura decisivos para reflotar o hundir definitivamente Italia, y pareció muy consciente de su responsabilidad. Fue un nuevo Silvio Berlusconi el que se presentó. Ha practicado el papel es tas semanas con un sorprenden te silencio ante la prensa, sobriedad en los tonos e incluso un talante dialogante con la oposición. Ayer, el magnate se mostró serio, conciso y hasta severo, sin temor de resultar impopular y con la ma no fácil para abrir la puerta de la cárcel. Apenas hizo dos chistes en una hora, probablemente su mejor marca hasta el momento.

La batería legislativa inaugural del centroderecha, en cuatro horas de reunión, se basó en tres grandes temas de impacto: basura, in migración ilegal y medidas econó micas para aliviar a las familias con recortes de impuestos y ayuda en las hipotecas. Berlusconi fue contundente con el problema de los desperdicios de Nápoles, que dura quince años y que en su último repunte lleva cinco meses apestando la ciudad. “He venido a decir que el Estado ha regresado (…), a so lucionar esta situación que no es propia de un país civilizado”, sentenció. “Es la hora de decisiones dolorosas, de tomar medidas como en un terremoto o una erupción volcánica”. Una definición bastante precisa de lo que ocurre.

El sistema de recogida de basuras napolitano, inexistente, nace de una cultura individualista y de su pervivencia, y de la ausencia de autoridad. Nadie quiere un vertedero en su pueblo y ningún político pretende enemistarse con sus vo tantes. Por eso se tira en aguje ros que se llenan cada año. Ahora mismo, ante los planes de abrir nue vos basureros ya están en pie de guerra varios municipios. Hasta ahora la técnica ha funcionado, pero con Berlusconi puede acabar se. Abrirá ocho nuevos depósitos, pero no dijo dónde, para evitar que se organice la resistencia, y serán considerados “lugares de interés estratégico nacional”, vigilados por el Ejército. En resumen, zonas militares. Colarse en ellos o impedir el acceso significará de tres meses a un año de cárcel, y los de sórdenes, de uno a cinco años.

El líder de la derecha prometió que la primera incineradora de la región, proyectada hace ocho años en Acerra pero aún en obras, “se abrirá antes de fin de año”. Hasta ahora, el plazo de apertura era dos años. En dos años y medio, período para que todo vuelva a la normalidad, la región tendrá un total de cuatro plantas. Si Berlusconi lo logra será un milagro. Si no, a ver qué se inventa para justificarse.


Inmigración ilegal

El otro gran frente de medidas, contra la inmigración ilegal, es el que más interesa a Europa. El llamado “paquete de seguridad”, conocido en los últimos días, estrecha los controles sobre los extranjeros sin papeles y los convierte en delincuentes. La inmigración ilegal será un delito penado con cárcel, como quiere la Liga Norte, pero en realidad los detalles están en el aire. La batalla pasa al Parlamento. No ha en trado en el decreto de aplicación inmediata y debe definirse en las cámaras, donde a buen seguro será modulado, pues crea división en el Gobierno, por no hablar de la sociedad, empezando por el Vaticano, muy influyente en Italia. Berlusconi dijo que defiende “el derecho del ciudadano a no tener miedo”. Se ignora si incluye a los que le tienen miedo a él.

Una de las medidas más polémicas es la confiscación de los pisos que se alquilen en negro a extranjeros clandestinos, y otra que significa la legitimación de las prácticas de la Liga Norte a nivel local: se da po testad a los alcaldes para exigir unos ingresos mínimos y seguro médico a los ciudadanos comunitarios que residan en sus municipios – léase, más que nada, rumanos y gitanos – , con el poder de ex pulsarlos si no cumplen los re quisitos. Hasta hoy estas cosas eran obra de alcaldes exaltados de la Liga que actuaban por su cuenta como un sheriff. Ahora serán ley.

Es el sello de la Liga de Umberto Bossi en la acción de gobierno. Pero el ministro de Interior, de este partido, Roberto Maroni, subrayó que la medida “respeta plenamente las directivas europeas”. Se refiere a las acusaciones de que tales prácticas suponen una vulneración de la libre circulación de ciudadanos del Tratado de Schengen.