El Gobierno de Berlusconi aprobó ayer la tipificación como delito penal de la entrada clandestina en el país y el endurecimiento de las penas para las infracciones cometidas por ciudadanos indocumentados, lo que introduce un factor de excepcionalidad en una legislación tan sensible que repercute en el debate abierto en la UE sobre la inmigración ilegal. La mayoría parlamentaria de que dispone Berlusconi y su renuencia a modular su proyecto ante las críticas recibidas de la oposición y de la Iglesia alejan la posibilidad de atenuar sus presupuestos, que adquieren connotaciones aún más preocupantes ante los ataques racistas contra los campamentos gitanos.